LA CUESTIÓN BAHÁ'Í - Baha'i International Community

ahá’ís seguían confiscadas”. De forma ilustrativa, Copithorne expresaba
asimismo su convicción de que la política sobre “la cuestión bahá’í” seguía
vigente:
Preocupa la sentencia emitida por un juez de la Oficina Suprema de
Control y Revisión, Hamzih Khalili, el 15 de septiembre de 2001, en
el contexto de la apelación cursada por los propietarios musulmanes de
una propiedad alquilada a los bahá’ís, la cual se confiscó en 1998. De
acuerdo con la traducción oficiosa a la que ha tenido acceso el Representante
Especial, el veredicto declara que la “aprehensión y confiscación
de propiedades pertenecientes a la secta extraviada del bahá’ísmo
son legales y religiosamente justificables” y declara que “las actividades
culturales de la extraviada secta del bahá’ísmo —tal como prescribe la
orden de Su Excelencia el Guía Supremo— han de verse combatidas
seriamente”. Ello parece indicar que el memorándum de 1991 sobre
“La cuestión bahá’í”, emitido por el Consejo Revolucionario Supremo
de la Cultura y aprobado por el Guía Supremo, sigue todavía vigente
y, por tanto, que la discriminación contra los bahá’ís continúa siendo la
práctica oficial, situación que el Representante Especial deplora profundamente.
Asimismo, en 1996, el apoyo de Naciones Unidas sobre el caso bahá’í
recibía un importante respaldo con el informe del Relator Especial de
Naciones Unidas sobre Intolerancia Religiosa, el cual instaba a Irán a
poner fin a la prohibición que pesaba sobre las instituciones bahá’ís y otras
medidas de opresión. En el informe, obra del profesor Abdelfattah Amor,
destacado jurista tunecino, afirmaba explícitamente que la persecución de
los bahá’ís estaba basada en la intolerancia religiosa.
En fechas más recientes, en 2003, el Relator Especial sobre Intolerancia
Religiosa tomaba nota de las continuas confiscaciones, encarcelamientos y
esfuerzos por impedir que los jóvenes bahá’ís reciban una educación universitaria,
y concluía:
Al tiempo que apreciamos algunas mejoras prometidas en el trato de la
minoría bahá’í, el Relator Especial opina que son todavía inadecuadas
las medidas adoptadas por las autoridades iraníes para poner fin a la
persecución de los bahá’ís, incluyendo el esfuerzo realizado por las entidades
no estatales, y garantizarles los mismos derechos que a los demás
ciudadanos iraníes. Nuevamente recuerda a las autoridades iraníes la
necesidad de garantizar el respeto por las disposiciones pertinentes del
derecho internacional, incluyendo el artículo 18 del Convenio Inter-
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