Resistencia nacional, formación del Estado y ... - Cholonautas

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Al llegar al área cercana a Potaca y Chongos Alto en abril de 1889, luego de
repetidas presiones de las autoridades provinciales y representantes nacionales, Emiliano
Carvallo escuchó las peticiones de las comunidades y de los propietarios de tierras sobre la
usurpación de tierras y sobre el establecimiento de linderos claros entre las propiedades. En
cada caso, el procedimientos general fue muy similar. Recibida una petición, Carvallo pedía
que ambas para comparecieran en su oficina con sus títulos de propiedad. Estos cm
comparados y con frecuencia cada parte designaría a un representante para que recorriera
los linderos en compañía de autoridades estatales. La mayoría de los propietarios
individuales admitieron que aun cuando el lindero existente no era aceptable, las
comunidades habían estado en posesión de las tierras en disputa durante más de un año.
Carvallo apoyaría administrativamente, y bajo los términos del código civil peruano, la
continuidad de la posesión y la tenencia por las comunidades. Carvallo señaló
expresamente que los hacendados todavía tenían derecho de llevar el asunto a juicio, y que
no se estaba entregando títulos permanentes de propiedad a las comunidades-, pero, como
lo señaló en su decreto que apoyaba a la comunidad de Uñas contra Josefa y María Jesús
Cárdenas, “Que es interés de orden social amparar al poseedor...” 43 .
Entre 1884 y 1889, la política cacerista a lo largo del área suroeste del Mantaro
combinó la represión con el otorgamiento de concesiones, la marginación política con el
reconocimiento administrativo. La disposición del gobierno central para nombrar una
comisión que escuchara oficialmente los reclamos de los pobladores campesinos, a pesar
de la extrema presión de los hacendados para reprimir y despojar a los indígenas, se
basaba en parte en la represión y reorganización de las montoneras llevada a cabo
anteriormente. Un factor clave para esta decisión que buscaba ejercer un balance fue la
distinción entre la posesión administrativa de las tierras en disputa -apoyada por el Estado- y
la titulación legal, que sólo podía ser otorgada por el sistema judicial. Al final, por ende, la
presencia renovada del Estado cacerista en esta subregión fue efectiva precisamente
porque sus oficiales reclamaron un prudente espacio intermedio entre las aspiraciones y
expectativas de las guerrillas campesinas y los reclamos de los terratenientes locales.
septiembre de 1886; “Oficio de los Diputados Teodomiro A. Gadea y Daniel de los Heros, al Ministro de Estado
en el Despacho de Gobierno” Lima, 24 de agosto de 1888.
43 BNP D8207: Copia certificada de los decretos expedidos por la Comisión Especial del Supremo Gobierno en el
departamento de Junín sobre las cuestiones agrarias promovidas por la comunidades de Putaca y Chongos Alto
con la Hacienda Antapongo”, Huancayo, 26 de abril de 1889. El documento incluye otros casos no mencionados
directamente en el título. La cita que hace referencia al “orden social” está en uno de estos casos, “Decreto de la
Comisión Especial sobre el pedido de las Sras. Josefa y María Jesús Cárdenas”, Huancayo, 6 de mayo de 1889.
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