Resistencia nacional, formación del Estado y ... - Cholonautas

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régimen de Vireinato [sic]”. Según la opinión de Carvallo, la propiedad comunal por
definición llevaba al atraso económico porque “La propiedad privada es móvil del trabajo, en
tanto que el comunismo desalienta á los hombres y favorece la holgazanería”. Dado lo
confuso de la política republicana temprana –continuaba- las cosas habían llegado a un
punto en que “hemos vuelto insensiblemente al régimen agrario colonial”. Por tanto se
necesitaba una nueva ley, a fin de “levantar al indio de su postración y abatimiento” 52 .
La ley propuesta por Carvallo privatizaría todas las propiedades comunales en las
zonas agrícolas intermedias, en tanto mantendría los pastos de las punas dentro de un
régimen de propiedad colectiva. Cada jefe de familia recibiría una extensión ya establecida,
de acuerdo a su condición marital y a si la tierra contaba o no con irrigación. La distribución
estaría a cargo de una comisión formada por tres personas, compuesta por un delegado del
concejo provincial, un abogado y un ingeniero. Todas las tierras que sobraran al final del
proceso de distribución serían vendidas a un precio equivalente a dos tercios de su tasación,
y lo procedido de estas ventas se entregaría al concejo municipal de la capital provincial
para financiar la educación primaria en los pueblos y villas de cada provincia 53 .
Hasta donde sabemos, esta propuesta no fue llevada a cabo. Aunque no tuvo
importancia como política estatal, refleja un consenso que surgía entre los oficiales
caceristas que, hacia 1890, empezaron a revertir los impulsos populistas que todavía
permanecían hacia una coalición nacional amplia. En su documento, Carvallo subrayaba el
atraso, la ignorancia, la ociosidad y la falta de educación de los indígenas, achacando estos
problemas a la tenencia comunal de tierras. Decía que los indios se encontraban en el
mismo estado en que habían vivido durante el período colonial. Esos seres inferiores
obviamente no podían ser ciudadanos. Sólo a través de una combinación de privatización de
la tierra y de instrucción pública negarían a serio.
En otras palabras, necesitaban de la tutela del Estado antes de que pudieran ser
miembros plenos de la comunidad nacional.
Estos sentimientos tuvieron eco en el Congreso entre 1890 y 1892. La legislatura
enmendó la Constitución a fin de limitar el derecho al voto para aquellos ciudadanos que
sabían leer y escribir, y posteriormente enmendó las leyes municipales y electorales para
52 BNP, D 12842: “Proyecto de ley sobre repartición de las tierras de comunidad”, Tarma, 11 de julio de 1889.
Agradezco a Mark Thurner por haberme dado a conocer este documento.
53 Ibíd., ff. 13-15.
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