Informe 2010-2011 - odhpi.org

al mundo indígena.Frente a esta situación de sorda coerción, los pueblos mapuce –tehuelche, sus miembros einstituciones representativas, por su parte, han seguido adelante con su larga resistencia y pocoa poco cuentan entre sus resultados algunos avances y logros que corresponde señalar.En primer lugar se han realizado en los últimos diez años una serie de encuentros o trawn,que se han denominado Parlamentos, y que han permitido una articulación entre comunidades,organizaciones y autoridades mapuce o mapuce-tehuelche, como los realizados en laComunidad Prane (Boquete de Nahuelpan) en la Comunidad Sepulveda, en Vuelta del Rio,entre otras.También se han realizado importantes movilizaciones en coordinación con sectores sociales,sindicales, de defensa del medio ambiente, etc., en consonancia con las nuevas amenazasque hemos indicado. El 8 de agosto de 2009 se realizó una multitudinaria marcha contra larepresión en toda la Provincia, logrando movilizar más de cuatrocientas personas en Rawsonalrededor del protagonismo indígena, lo que resulta un dato llamativo.Las acciones de resistencia a la megaminería han posibilitado a los actores indígenas articularcon otros sectores, que tradicionalmente no habían prestado tanta atención a estos reclamos.De este modo las demandas de demarcación territorial, titulación comunitaria y respeto delterritorio se potencian con la defensa del medio ambiente, que convoca a sectores medios y amilitantes sociales y políticos, mejorando las posibilidades de éxito de las acciones.Si la actuación que se ha descrito del Poder Ejecutivo, básicamente a través del IACyFR noha reflejado la nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, otro tanto cabe referir delos tramos legislativo y judicial. La Legislatura ha creado leyes en forma sistemática, soslayandolos deberes de consulta y participación indígenas, y poco ha hecho en materia de cumplir consus obligaciones de respeto y garantía.La situación del Poder Judicial es un poco más compleja. Dado el diseño de nuestro sistemade garantías es el último reducto institucional al que se puede acudir para reclamar el respetode los derechos. Efectivamente a partir de la constitucionalización de los derechos indígenasen 1994, tanto a nivel nacional como provincial, las demandas de derechos fueron empezandoa encaminarse hacia los tribunales de toda la Provincia. El reclamo de justicia por parte de lospueblos indígenas se desarrolla por cierto en un marco hostil, tal como lo refleja el “Informe dela situación de derechos humanos de la cordillera chubutense” del año 2003, elaborado por magistradosy funcionarios del Ministerio Público Fiscal y conocido como el “Informe Lucchelli”.Quizá el caso paradigmático que demuestra la pertinaz negativa de los tribunales de laProvincia a reconocer la entidad de los derechos indígenas, lo proporcione el caso “Fermin”que tuvo que llegar a la Corte Suprema para que se ordene atender las implicancias de la pertenenciaétnica alegada, y que se cerró en febrero de 2011 después de once años de causa penal,acudiendo a la figura de la prescripción de la acción y sin mencionar en todo ese derrotero losderechos indígenas. (Ver fallos 1331:1664 que remiten al Dictamen del Procurador General).Pese a ello, tenemos algunas manifestaciones de reconocimiento judicial de derechos, endiversas materias, entre las que debemos computar como más definidas las que se citan seguidamente.“El Khazen c. / Huenchunao de Huilinao s/ Desalojo” Se trata de la sentencia del25/08/1995 del Juzgado Civil y Comercial de Esquel y su confirmación del 21/05/96 de la Cámarade Apelaciones, que rechaza la acción de amparo contra miembros de la ComunidadVuelta del Rio con fundamento en la posesión indígena alegada. Publicadas en “Sin Despojos”pags. 230 a 241.21 Informe de situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Patagonia. 2010 - 2011