MOTIVO DE LA DECISIÓN

Casación 41.781
MARINA MATILDE ESCOBAR ARAUJO
Precisamente, el artículo 271 de la Constitución Política colombiana,
otorga valor probatorio a esos informes, cuando especifica:
“los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la
Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General dela Nación
y el juez competente”
Ya la Corte, así mismo, se pronunció sobre el valor probatorio de dichos
informes 51 , sin que el demandante exponga algún argumento que
permita verificar por qué en el caso examinado los documentos en
cuestión se apartan de la norma constitucional citada.
Examinado el contenido del informe trasladado por la Contraloría
Departamental de Cundinamarca a la justicia penal, se concluye
indubitable que del mismo no se desprenden, como lo pretende hacer ver
el impugnante “simples irregularidades contractuales”.
Huelga señalar que si la Contraloría decidió dar traslado del hallazgo de
auditoría a la Fiscalía, es porque precisamente advierte la comisión de
conductas punibles.
No cabe duda, pues, del valor probatorio autónomo y
eficiente de los informes preliminares de la Contraloría en
materia penal; pero, ello no los convierte en plena prueba del
acontecer delictivo, aspecto éste suficientemente discernido
por los creadores del artículo 271 Superior, quienes
modificaron el proyecto constitucional, justamente, para
quitarle tal connotación y conferirle solamente la de
instrumento cognoscitivo.
De esta manera, lo deseable es que las conclusiones
que, de forma preliminar, obtenga el ente de control fiscal,
sean corroboradas por otros medios de prueba, que permitan
dilucidar la materialidad de la conducta punible y la
51 Radicado 17089, del 23 de enero de 2001
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