MOTIVO DE LA DECISIÓN

Casación 41.781
MARINA MATILDE ESCOBAR ARAUJO
En realidad, tanto la Fiscalía instructora como el
juzgador no sólo dejaron de practicar importantes medios de
prueba pedidos por la parte civil, pese a encontrarse en
posibilidades reales y materiales de hacerlo, sino que
también omitieron ejercer la oficiosidad en orden a averiguar
con igual celo tanto lo desfavorable como lo favorable a los
intereses de la acusada, con lo cual se dejó de comprobar la
hipótesis acusatoria, dando paso a la obligación de mantener
incólume la presunción de inocencia que favorece a la
inculpada.
Al respecto, lo primero que se advierte es que si bien la
víctima de la infracción penal solicitó en su denuncia
escuchar en declaración a varias personas, además de los
procesados, y particularmente a las personas naturales y
representantes legales de las personas jurídicas titulares de
los créditos y sobregiros, a los miembros de los comités de
autorización y a los auditores que rindieron el informe
preliminar de la Contraloría, la Fiscalía ignoró tal petición
probatoria, porque únicamente ordenó recepcionar los
testimonios de dos de los funcionarios del ente fiscal, pero
nunca los practicó y aunque obtuvo información sobre los
miembros de los comités tampoco los citó.
De igual modo, la parte civil pidió practicar una
inspección judicial al sitio en el que se encontraran los
documentos que respaldarían las supuestas irregularidades,
pero el ente acusador solamente realizó una en las
dependencias del Banco Agrario de Cartagena, sin obtener
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