MOTIVO DE LA DECISIÓN

Casación 41.781
MARINA MATILDE ESCOBAR ARAUJO
jurisprudencialmente a los dos modelos sancionatorios:
penal y fiscal.
Recuérdese que, el parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley
610 de 2000, establece que «la responsabilidad fiscal es autónoma e
independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de
responsabilidad».
En similar sentido, la Corte ha razonado que las «tareas
que cumple la Contraloría se ejercen con absoluta independencia de las
acciones penales y disciplinarias que pudieren surgir de las actuaciones y
omisiones de los servidores públicos. Por ello, no necesariamente deben
converger en el mismo sentido los resultados de los procesos que adelante
cada autoridad competente, dentro del ámbito de sus funciones.» (CSJ AP, 23
ene. 2001, rad. 17.089).
Además, si las conclusiones del informe preliminar
bastaran, a manera de plena prueba, para afirmar la
responsabilidad penal del inculpado, el juez penal quedaría
convertido en un simple fedatario de las estimaciones
esgrimidas por el ente de control fiscal –incluso en su fase
más primigenia-, lo cual tornaría inane o superfluo el inicio
de cualquier investigación penal porque con antelación ya se
conocería su resultado, obligatoriamente condenatorio, así
como banal cualquier esfuerzo defensivo por rebatirlas.
De otro lado, es importante precisar que, contrario a lo
estimado por las instancias y por el demandante, por más
que dichas conclusiones preliminares de la Contraloría, dada
la especialidad de la materia investigada, tengan un alto
contenido técnico, no gozan del carácter de prueba pericial y,
26