ELECTRONICO

Empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.
NO obligación.
Personas físicas, cuando se relacionen con las Administraciones Públicas
como ciudadanos estrictamente particulares. En este caso se trata de un
derecho cuyo ejercicio tiene carácter reversible, pues “el medio elegido por
la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado
por aquella en cualquier momento”. Nada dice el legislador acerca
del número de veces que esta opción pueda ejercitarse y dejarse sin efecto,
por lo que habremos de entender que sólo estará limitado por lo que pueda
en su caso constituir abuso del derecho.
Esta generalización en el uso de medios electrónicos se extiende a las
notificaciones, para las que el artículo 41.1 de la Ley 39/2015 prevé que se
practiquen “preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando
el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía”. Obvio es decirlo, la
notificación electrónica sólo resultará de obligada utilización en los casos en
los que el interesado resulte obligado (legal o reglamentariamente) a recibirlas
por esa vía, so pena de dejar vacío de contenido el derecho a relacionarse con
la Administración por medios no electrónicos en quienes aún lo conserven.
Para quienes tienen la condición de interesados en un procedimiento,
el artículo 53 de la Ley ha previsto, entre otros, el derecho “a conocer, en
cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los
que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo
que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique
resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantengan actualizado un registro de
los funcionarios habilitados para estas operaciones.
Sin desconocer el reconocimiento de la orientación modernizadora que subyace a la
regulación proyectada, lo cierto es que no puede obviarse la inadecuación a la realidad de este
mecanismo. Pues si bien es cierto que, tal y como razona la memoria, en los últimos tiempos
se han adoptado por todas las Administraciones numerosas medidas orientadas a impulsar la
llamada “Administración electrónica” y que ésta ha experimentado, merced a ello, una notable
expansión, no cabe desconocer que las posibilidades de acceso a los servicios e infraestructuras
de telecomunicaciones distan mucho aún de ser homogéneas en todo el territorio nacional,
sin que la implantación del mecanismo de asistencia previsto en el anteproyecto parezca en
la actualidad una solución realista, dada la dificultad de contar en todas las Administraciones
Públicas con la figura del funcionario habilitado.”
iaap
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