ELECTRONICO

Para el cumplimiento de estas exigentes medidas técnicas y de seguridad
es preciso que la Administración del Principado de Asturias se encuentre
en un estado tecnológico óptimo y adecuado, en concreto, que
disponga de las herramientas informáticas que pueden ser soporte de
expedientes y documentos electrónicos. Desde este punto de vista, en la
actualidad se disponen de dos tramitadores básicos que tuvieron y mantienen
carácter corporativo; se trata del Sistema de Producción, Información y
Gestión Administrativa (en adelante SPIGA) y del Escritorio Unificado
del Gestor (en adelante EUG). El primero se basa en un modelo de arquitectura
cliente-servidor mientras que el segundo es una herramienta corporativa
desarrollada según las especificaciones técnicas del Framework propio
del Principado de Asturias (FW-PA)
Solo la última versión de EUG es y podrá ser soporte de procedimientos
electrónicos cuando la misma esté completamente evolucionada. SPIGA
es una plataforma en abandono.
La unidad administrativa que no disponga de un tramitador deberá solicitarlo
a través del Centro de Gestión de Servicios Informáticos (CGSI)
de la Administración del Principado de Asturias mediante formulario de
inicio de proyecto. Hay que tener en cuenta que el proceso de implantación
de un procedimiento en EUG conlleva:
1. La definición del procedimiento y del equipo de trabajo. En esta
fase intervendrán necesariamente un analista funcional, un analista técnico,
el instructor/es del procedimiento correspondiente, y cualesquiera otros que
se estime oportuno. En esta fase se realizará el análisis de rediseño funcional
y simplificación del procedimiento, proceso o servicio abordará al menos los
siguientes puntos:
a. Publicación de contenido en el portal/sede.
de informatización debía de cumplirse en relación con la totalidad de los procedimientos
y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. En el ámbito de
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, esa informatización dependía de las
disponibilidades presupuestarias lo cual suponía que podría incumplirse la ley sin consecuencias
prácticas.
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