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consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún
dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.
c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea
preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que
estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que
ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración
de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de
impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban
ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación”.
En lo relativo a la adopción de acuerdos el artículo 19.3 de la Ley 40/2015,
entre los derechos y correlativos deberes de los miembros de los órganos colegiados
recoge el de (“c) ejercer su derecho al voto y formular su voto particular,
así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican”.
De acuerdo con el artículo 19.3 ya citado, “no podrán abstenerse en las
votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de
las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de
órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan”.
El Consejo de Estado, en su dictamen 274/2015, apunta que el artículo
9.3.c) del anteproyecto de ley (hoy 19.3 “c” de la Ley 40/2015), “reproduce
–con algunas modificaciones– lo establecido en el artículo 24.1.c) de la Ley
30/1992. En concreto, señala aquel precepto que no podrán abstenerse en
las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio
de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros “natos” de
órganos colegiados “en virtud del cargo que desempeñan”. Las expresiones
entrecomilladas han sido añadidas por el artículo 9.3.c) del anteproyecto
[hoy 19.3 de la Ley 40/2015] respecto de lo que se dice en el actual artículo
24.1.c) de la Ley 30/1992. De este modo, el artículo 9.3.c) amplía, desde una
perspectiva subjetiva, los miembros de un órgano colegiado que, teniendo la
condición de empleados públicos, pueden abstenerse de votar, ya que sólo
los miembros natos estarán afectados por la prohibición de no hacerlo. Así
las cosas, esta modificación, cuya razón de ser no se ha justificado en la memoria
ni se deduce de la documentación obrante en el expediente, excluye
de la prohibición de abstención actualmente prevista en el artículo 24.1.c)
de la Ley 30/1992 a aquellos funcionarios designados para formar parte de
órganos colegiados por motivos distintos al cargo que desempeñan. A juicio
del Consejo de Estado, estos funcionarios, por su condición de empleados
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