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el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el
supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde
que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se
resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del
requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del
correspondiente recurso contencioso-administrativo.
II. Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna
actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el
momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del
inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.
III. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier
momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se
plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
3. Régimen del silencio
No ha habido cambios en lo relativo a la obligación de resolver y al plazo
para dictar y notificar la resolución, aunque ahora la regulación de la posible
ampliación del plazo está dividida en varios preceptos legales.
En los procedimientos iniciados a instancia de parte (artículo 24), se mantiene
la regla básica: silencio positivo salvo que una Ley o disposición europea
diga lo contrario. Un matiz es que ahora la exigencia de que la Ley que
establezca un supuesto nuevo de silencio negativo lo justifique por “razones
imperiosas de interés general”, se limita a los casos de “acceso a actividades
o su ejercicio” (artículo 24.1).
Se incorpora un nuevo supuesto de silencio negativo: procedimientos
que “impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente”.
Esta novedad intenta evitar daños al medio ambiente y también la
vulneración del Derecho europeo, del que procede buena parte de las normas
ambientales. El silencio estimatorio tiene sentido como una “sanción” a la
inercia de la Administración, pero en casos como éste supone una sanción
a los terceros (a la comunidad), cuyos intereses tenía que tutelar la Administración
mediante el trámite que no se realiza y que se entiende cumplido por
silencio administrativo.
iaap
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