ELECTRONICO

zar la Administración del Principado de Asturias, introduciendo determinadas
novedades que inciden sobre la regulación actual de los convenios de
colaboración establecida en el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
En consecuencia, abordar el nuevo régimen jurídico de la actividad administrativa
convencional de la Administración del Principado de Asturias
conlleva detenernos sobre las siguientes cuestiones:
4.1. Definición legal de convenios
A diferencia de la anterior LRJPAC, que únicamente regulaba los convenios
de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas, el legislador ha querido suplir la anterior falta de una
definición legal sobre la figura de los convenios regulando, con la finalidad de
distinguir esta figura de otras actuaciones administrativas con las que pudiera
guardar alguna relación, con generosidad qué se entiende por convenios.
El artículo 47.1 LRJSP establece, en consecuencia, una doble definición,
positiva y negativa, para determinar qué son convenios:
POSITIVA: Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados
por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre
sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
NEGATIVA: No tienen la consideración de convenios, los Protocolos
Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones
de intención de contenido general o que expresen la voluntad
de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo
común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos
concretos y exigibles. Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones
propias de los contratos.
Asimismo, debe completarse esta definición negativa acudiendo a lo
estipulado en el artículo artículos 48.9 LRJSP, del que resulta que tampoco
son convenios –en el sentido definido en los artículos 47 y ss. LRJSP– las encomiendas
de gestión previstas en el artículo 11 de la citada Ley y los acuerdos
de terminación convencional de los procedimientos administrativos, definidos
en el artículo 86 de la LPAC, que tiene «por objeto satisfacer el interés público»
y que, por tanto, también comparten el mismo fin del interés común o
público que la LRJSP atribuye a los convenios.
iaap
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