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de audiencia. El Tribunal Supremo también ha señalado que en el caso de
la presentación de documentos que son consecuencia de un requerimiento
de la Administración, habrán de ser admitidos y tenidos en cuenta, siempre
que se presenten antes del trámite de audiencia, aunque haya transcurrido
el plazo fijado en el requerimiento.
Resultar de interés recordar, por otra parte, que la Ley no exige que las
alegaciones se formulen necesariamente por escrito, por lo que debería admitirse
también como un derecho del interesado las alegaciones formuladas
de forma oral, en cuyo caso se ha de dejar constancia escrita de las mismas
en expediente mediante la oportuna diligencia firmada por el interesado y
por el funcionario o empleado público competente para intervenir en la tramitación
del procedimiento.
Por último, es preciso reseñar en relación con este derecho a formular
alegaciones y aportar documentos, que los tribunales de justicia han observado
que con este derecho se pretende evitar indefensiones y garantizar el
pleno ejercicio por el interesado de sus derechos. Por ello, la infracción de
este derecho, con carácter general, no tiene que generar, en todo caso, una
sanción de nulidad del procedimiento, sino que habrá que examinar cada
caso en concreto, para determinar si el acto administrativo carece de los
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o, en cualquier caso,
si da lugar a una situación de indefensión.
Artículo 53 f). El Derecho a obtener información y orientación acerca
de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan
a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
El derecho a obtener información y orientación definido en la LPAC se
configura como un derecho que puede ser ejercitado al margen de un procedimiento
administrativo. No constituye novedad alguna por cuanto ya estaba
incluido en el catálogo de derechos del artículo 35 de la derogada Ley de
Régimen Jurídico del año 1992, como una manifestación del derecho de los
particulares a dirigirse a la Administración demandando información y orientación
sobre las actuaciones que se propongan realizar.
Es claro que este derecho en modo alguno puede entenderse como un
derecho a recibir asesoramiento técnico acerca de las actuaciones a realizar,
sino que se refiere a la aportación por la Administración de información acerca
del régimen legal aplicable a la actuación proyectada.
Consecuencia clara de este derecho es la implantación de las cartas de
servicios que son el instrumento a través del cual los órganos administrativos
informan a los ciudadanos sobre los servicios que tiene encomendados, los
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