ELECTRONICO

el derecho del ciudadano a obtener copia íntegra del expediente o procedimiento
en el que tiene la condición de interesado sino a obtener copia de
documentos contenidos en él”.
Artículo 53 b). El derecho a identificar a las autoridades y al personal
al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad
se tramiten los procedimientos.
No consagra la Ley otro que el derecho del ciudadano, en cuanto interesado
en el procedimiento, a identificar a sus servidores públicos que tiene
un doble alcance: la identificación de la autoridad administrativa bajo cuya
responsabilidad se encuentre el procedimiento y la identificación del empleado
público adscrito a la unidad administrativa con el que se relaciona el interesado.
Este derecho puede llevar consecuencias en relación con el régimen de
abstención y recusación, y en materia de responsabilidad disciplinaria de los
empleados públicos y responsabilidad por anormal funcionamiento de la Administración
29 .
Artículo 53 c). El derecho a no presentar documentos originales
salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar
un documento original, tendrán derecho a obtener una copia
autenticada de éste.
En este punto el legislador ha querido plasmar en la regulación del procedimiento
administrativo común los principios de agilidad de los procedimientos
administrativos que recoge el artículo 3 de la LRJSP y que, en todo
caso, se complementa con la regulación contenida en los apartados 2 y 5 del
artículo 28 de la LPAC.
Artículo 53 d). El derecho a no presentar datos y documentos no
exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate,
que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que
hayan sido elaborados por éstas.
29
En cualquier caso, el hecho de no facilitar la información recabada por el interesado
no implica necesariamente un vicio de juridicidad o la invalidez del acto que se dicte en el
procedimiento. Como señala la Sentencia TSJ de Sevilla de 17.6.2010 “para que esa pretendida
irregularidad formal tenga efectos invalidantes es necesario que haya comportado para el
recurrente indefensión material realmente debilitadora de su derecho de defensa, (…) y que
los defectos formales sólo son determinantes de nulidad cuando de los mismos se colige una
merma o quiebra de los derechos y garantías del administrado que causen una real y material
indefensión o imposibilitan una efectiva defensa”.
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