ELECTRONICO

Además, dentro de este derecho estarían comprendidos los de autentificación
o certificación de las copias obtenidas del expediente.
Cuestiones de especial interés que pueden derivarse del ejercicio de este
derecho son las siguientes:
¿Hasta dónde llega el derecho de acceso al expediente administrativo?
Como vemos, una cuestión importante en relación al derecho de acceso
–a obtener información, en definitiva– al expediente administrativo y a los
documentos que obran en el mismo, es el referido al alcance y extensión del
mismo; para lo que será de utilidad acudir a la definición de expediente administrativo
que contempla el artículo 70 de la LPAC, que además de definir
el expediente con carácter general, también lo define negativamente:
“No formará parte del expediente administrativo la información que tenga
carácter o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases
de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones
e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así
como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo
que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento” .
Las consecuencias de facilitar información inexacta al interesado
en el procedimiento, cuando ésta causa un daño al interesado.
En estos casos ha de estarse al régimen de responsabilidad patrimonial de
la Administración siempre que la inexactitud de esa información, efectivamente
facilitada, genere perjuicios y no sean imputables a la conducta del interesado.
Por otra parte, en cuanto al derecho a obtener copia de los documentos
contenidos en los expedientes, se trata de un derecho que acarrea una
abundante conflictividad que se manifiesta en la amplia jurisprudencia dictada
acerca de la interpretación de este derecho, de tal manera que los tribunales
se han manifestado de forma contraria a una interpretación literal del
mismo. Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de
2007 el derecho debe ser interpretado “de forma que no se vea afectada la
eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, debiéndose, a tal fin,
formular petición individualizada de los documentos que se desee consultar,
sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular
solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias”. En definitiva,
no cabe la petición indiscriminada de documentos, sino que será necesario
especificar o singularizar los concretos documentos por parte del interesado.
La Sentencia de 26 de enero de 2011 es clara al señalar que “no reconoce
iaap
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