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2.3. Concepto y clases de órganos administrativos
La competencia de los órganos administrativos se regula en la sección
2ª (artículos 8 a 14, ambos inclusive) del capítulo II del título preliminar de
la Ley 40/2015 y, dado su carácter básico, será de aplicación directa en la
Administración del Principado de Asturias. Tiene su correlato en los artículos
12 a 17 de la Ley 30/1992 y poca novedad supone con relación al régimen
hasta ahora vigente.
Sí merece comentario aparte, sin embargo, la novedad introducida por
el artículo 39 de la Ley 39/2015, que no es sino una consecuencia derivada
del principio de irrenunciabilidad de la competencia del órgano, contenida
en el artículo 8.1 de la propia Ley 40/2015. Veámoslo con un poco de detenimiento.
El mencionado artículo 8.1 dice así:
“La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos
que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o
avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes”.
Ello quiere decir que el órgano a quien la ley –en sentido material– atribuye
una determinada facultad o función ha de actuar precisamente él y no
otro órgano. De no ser así, los actos y acuerdos adolecerían de vicios que los
harían inválidos, ya sean nulos o anulables 19 . Pues bien, el artículo 39 de la
Ley 39/2015 se encarga de recalcar lo siguiente:
“4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones
Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por
el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente
entre sí o pertenezcan a otra Administración.
5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de
sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado
por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá
requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y, de rechazar el requerimiento,
podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará
suspendido el procedimiento para dictar resolución.”
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Tomás Cobo Olvera, “Régimen jurídico de las Administraciones públicas”; Madrid,
1999; página 116.
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