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Ley 40/2015 Ley 30/1992
En el caso de desestimación presunta
del recurso de alzada interpuesto contra
la resolución por la que se impone
la sanción, el plazo de prescripción de
la sanción comenzará a contarse desde
el día siguiente a aquel en que finalice
el plazo legalmente previsto para la resolución
de dicho recurso.
Por lo que respecta a la previsión de las infracciones la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala 3.ª, Sección 5.ª) de 15 de diciembre de 2004, fija la siguiente
doctrina legal: «El límite para el ejercicio de la potestad sancionadora, y para la
prescripción de las infracciones, concluye con la resolución sancionadora y su
consiguiente notificación, sin poder extender la misma a la vía de recurso». En
consecuencia la demora en la resolución del recurso envía administrativa, tiene
los efectos del silencio administrativo, pero no afecta a la prescripción de la infracción.
Esta regulación no cambia en la nueva ley, a salvo de incluir la previsión
en relación con el cómputo e la prescripción en caso de infracciones continuadas.
Si se producen novedades en relación con la prescripción de las sanciones
administrativas. La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de septiembre
de 2008 dictada en interés de ley, estableció la siguiente doctrina legal “interpuesto
el recurso de alzada contra una resolución sancionadora el transcurso
del plazo de 3 meses para la resolución el mismo no supone que la sanción
gane firmeza ni que se convierta en ejecutiva, de modo que no puede iniciarse
el cómputo del plazo de prescripción de la sanción”
Acerca de estas sentencias tuvo ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional
en su sentencia 37/2012 de 19 de marzo, que considera que no
hay vulneración del principio de seguridad jurídica ni la doctrina del silencio,
al señalar que “el interesado podrá optar por acudir a la vía judicial, contra
la desestimación presunta o esperar a que se dicte por la administración
resolución expresa sin que pueda apreciarse que la demora coloque en este
caso a la administración en mejor situación que aquella en la cual se habría
encontrado si hubiera cumplido con su obligación de resolver expresamente
dentro de plazo el recurso de alzada, pues durante la pendencia del recurso
administrativo se mantiene el efecto de la inejecutividad de la sanción, como
recuerda el abogado del estado, inejecución que, sin duda alguna no perjudica
(más bien beneficia) al ciudadano que ha sido sancionado”.
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