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estos efectos– el título autorizatorio presentado por el recurrente para la
realización de las obras, ya que el mismo ponía de manifiesto la ausencia de
su titularidad personal en relación con las mismas.
Pero lo que no resulta de recibo, desde una perspectiva jurídica, como
hace la sentencia de instancia, es transformar una responsabilidad personal,
exigida por la Administración en el expediente sancionador al recurrente
(persona física), en una responsabilidad del mismo de carácter solidario o
subsidiario (aspecto que la sentencia no concreta) con base en que el recurrente
era el administrador de sociedad constructora y había solicitado (en tal
condición) la autorización municipal para la realización de las obras.
Al actuar así la Administración vulneró los preceptos y principios que se
invocan como infringidos en los motivos del recurso de casación reseñados, y
que, en síntesis, constituyen la esencia del Derecho Administrativo Sancionador,
en el que si bien resulta posible la imposición de sanciones a las personas
jurídicas (artículo 130.1 de la LRJPA), ello no implica la posibilidad de imponer
o derivar siempre la misma a las personas físicas que –en el caso de autos– son
los administradores societarios, pues tal derivación de la responsabilidad –bien
de forma solidaria, bien de forma subsidiaria– tan solo resulta posible, como
con claridad señala el inciso final del artículo 130.3, párrafo segundo, “cuando
así lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores”.
Y esta posibilidad ni estaba prevista en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, de aplicación al caso, ni lo está en el vigente Texto Refundido la misma
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio”.
Se realiza una comparativa entre lo establecido en la nueva normativa y
la anterior:
Ley 40/2015 Ley 30/1992
Art 28.1. Sólo podrán ser sancionadas por
hechos constitutivos de infracción administrativa
las personas físicas y jurídicas,
así como, cuando una Ley les reconozca
capacidad de obrar, los grupos de
afectados, las uniones y entidades sin
personalidad jurídica y los patrimonios
independientes o autónomos, que resulten
responsables de los mismos a
título de dolo o culpa.
Art 130.1. Sólo podrán ser sancionadas
por hechos constitutivos de infracción administrativa
las personas físicas y jurídicas
que resulten responsables de los mismos
aun a título de simple inobservancia.
iaap
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