ELECTRONICO

de nulidad o al menos de anulabilidad del acto indebidamente formalizado
en soporte papel.
Conviene recordar sumariamente en este punto que constituye vicio de
nulidad una infracción del ordenamiento jurídico de tal entidad que afecta al
acto infractor de ineficacia intrínseca, privándole ab initio de producir efectos
jurídicos. Presupone la existencia de un defecto esencial en el acto viciado y
por ello le es vedada la posibilidad de ser convalidado, del mismo modo que su
revisión de oficio no está sujeta a un plazo preclusivo. Por el contrario, la anulabilidad
comporta la existencia de una infracción del ordenamiento jurídico
de mucha menor trascendencia, convalidable o sanable en su caso mediante
otro acto administrativo de cariz corrector del primero y, desde luego, por el
transcurso de plazo establecido para la interposición de los recursos pertinentes
o por el de cuatro años para su revisión de oficio por la Administración.
Precisamente por ello el legislador enumera en el artículo 47 las causas
de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. Son motivos tasados,
no susceptibles de ampliación, de modo que cualquier otra infracción
del ordenamiento jurídico en que hubiera incurrido el acto será, en su caso,
causa de anulabilidad y no de nulidad.
Así pues, de la lectura de las causas de nulidad del acto administrativo
previstas en el artículo 47 de la Ley 39/2015 parece que sólo en la relativa a
la infracción del procedimiento legalmente establecido podría intentar
subsumirse, en su caso, la infracción normativa consistente en desatender
la obligación de producir un acto administrativo en soporte electrónico,
pues parece evidente la desconexión entre dicha infracción y las restantes causas
legales de nulidad. En efecto, no es descabellado afirmar que tal inobservancia
legal no haya de bastar por sí misma para lesionar derechos y libertades susceptibles
de amparo constitucional (apartado “a” del artículo 47.1), o para tildar
de manifiestamente incompetente, por razón de la materia o del territorio, la
actuación del órgano decisor (apartado “b”), o de imposible o constitutivo de
delito el contenido del acto, o consecuencia justamente de infracción penal
(apartados “c” y “d”) o para atribuir al interesado facultades o derechos cuando
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición (apartado “e”). Tampoco
del articulado de la propia Ley ni de ninguna otra disposición legal vigente 37
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Esta remisión de la Ley de procedimiento a otras disposiciones de rango legal para
tipificar la nulidad de un acto administrativo por motivos adicionales a los ya establecidos en
el precepto de su razón se conecta, por ejemplo, con la previsión contenida en el artículo
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