Documentos de Seguridad y Defensa 67

Carlos Teijo García
ha adueñado de la reforma de la PCP, particularmente denunciado por
relación a la ejecutoria de la comisaria de Pesca saliente (Damanaki) que
ha llevado a considerar que en la definición de sostenibilidad de la actual
PCP solo se prime la dimensión ambiental mientras se desconsidera la
dimensión socioeconómica del concepto —sobre todo en su aplicación a
la flota de altura y gran altura—. Esta extendida visión repercute en que
buena parte de la flota percibe que la aplicación de medidas relevantes
de gestión pesquera (como la prohibición total de los descartes o la
eventual proscripción de la pesca de arrastre) va a ser llevada a cabo sin
un previo análisis de impacto y sin períodos transitorios que sean suficientemente
amplios. En un plano próximo a este, se detecta un tercer
problema que afecta, sobre todo, a la pesca que se realiza fuera de aguas
comunitarias: el de la inexistencia de un level playing field pesquero a
nivel global y la presunta respuesta tibia que dan las instituciones comunitarias
a esta situación mediante la aplicación de los mecanismos
de represalia comercial de que dispone la UE. La escasez de sanciones
por parte de algunos Estados miembros frente a las importaciones de
pescado capturado por flotas de terceros Estados que no cumplen con
estándares laborales (dumping social) o sanitarios genera desconfianza
por parte del sector hacia las funciones de vigilancia de la Comisión. 14
Por último, el sector percibe también como amenaza el riesgo de que la
pesca, en negociaciones comerciales multidimensionales, sea empleada
como moneda de cambio en el proceso transaccional a fin de generar beneficios
en otro sector económico que sea considerado más relevante. 15
El tercer y último conjunto de amenazas —ligadas de manera más directa
a la noción de seguridad marítima, que es en el que vamos a centrar este
análisis— está integrado por dos elementos principales. El primero tiene
que ver con la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la
flota pesquera internacional; este problema se ha manifestado básicamente
en el caso de la piratería en el Índico puesto que España ha sido el
país europeo más afectado por los ataques piratas en la zona. En segundo
término, forma parte también del grupo de amenazas vinculadas con
la noción de seguridad marítima, la pesca INDNR. Respecto a estas dos
cuestiones, que serán abordadas más adelante, interesa destacar que, en
el caso de la piratería en el Índico, la respuesta ha privilegiado la dimensión
militar, al consistir básicamente en el despliegue de operaciones de
seguridad marítima. Sin embargo, en el caso de la pesca INDNR, aunque
14
Vid., en extenso, epígrafe 6.2.2 en el que se pone de manifiesto el rigor de la inspección
pesquera española en la aplicación de la normativa comunitaria relativa a la pesca
INDNR frente a la laxitud de las autoridades pesqueras de otros Estados miembros.
15
Un ejemplo de esto lo proporcionó, en 2009, la controvertida firma del Acuerdo Interino
de Asociación Económica de la UE con Papúa Nueva Guinea que modificó las reglas
de origen para la exportación de atún por parte del país oceánico.
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