Documentos de Seguridad y Defensa 67

Mar, energia y ordenamiento jurídico: seguridad y...
contra buques petroleros o cargueros en general. Este convenio, como es
lógico, exige la presencia de un elemento internacional para que pueda
resultar aplicable. En este sentido, se afirma expresamente que se aplicará
si el buque está navegando, o su plan de navegación prevé navegar
«hacia aguas situadas más allá del límite exterior del mar territorial de
un solo Estado, o más allá de los límites laterales de su mar territorial con
Estados adyacentes, a través de ellas o procedentes de las mismas». 61 No
obstante, más allá de esos casos, también resultará aplicable si el autor
o presunto autor del delito «es hallado en el territorio de un Estado Parte
distinto». 62 A su vez, de conformidad con la convención, cometerá un delito,
toda persona que, «ilícita o intencionadamente» «se apodere de un
buque o ejerza control sobre el mismo mediante violencia, amenaza de
violencia o cualquier otra forma de intimidación»; «realice algún acto de
violencia contra una persona que se halle a bordo de un buque, si dicho
acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque»; «destruya
un buque o cause daños a un buque o a su carga que puedan poner
en peligro la navegación segura»; «coloque o haga colocar en un buque,
por cualquier medio, un artefacto o una sustancia» que pueda destruir el
buque o causar daños al buque o a su carga que pongan o puedan poner
en peligro la navegación segura; «destruya o cause daños importantes en
las instalaciones y servicios de navegación marítima o entorpezca gravemente
su funcionamiento», si esos actos pueden poner en peligro la navegación
segura; «difunda información a sabiendas de que es falsa», poniendo
así en peligro la navegación segura; o «lesione o mate a cualquier
persona» en relación con la comisión o la tentativa de comisión de las
acciones anteriores. 63 Además de que cada Estado parte debe establecer
«penas adecuadas» en sus legislaciones internas para estos delitos, en
las cuales se tenga en cuenta la «naturaleza grave» de estos, 64 también
debe o puede, según los casos, establecer su jurisdicción, dependiendo de
cuál sea la base de competencia penal aplicable. Así, en el caso de que
proceda la aplicación del principio de territorialidad o el de nacionalidad,
el Estado estará obligado a hacerlo, es decir, cuando el delito sea cometido
«contra un buque o a bordo de un buque que en el momento en que
se cometa el delito enarbole el pabellón de ese Estado»; «en el territorio
de ese Estado, incluido su mar territorial» o por «un nacional de dicho
Estado». 65 Pero podrá hacerlo, en cambio, con carácter facultativo, en el
caso en que concurran los principios de personalidad pasiva (es decir, si
un nacional de ese Estado «resulta aprehendido, amenazado, lesionado
o muerto durante la comisión del delito»), de protección (si es cometido
«en un intento de obligar a ese Estado a hacer o no hacer alguna cosa»)
61
Art. 4.1.
62
Art. 4.2.
63
Art. 3.
64
Art. 5.
65
Art. 6.1.
85