Documentos de Seguridad y Defensa 67

Montserrat Abad Castelos
nado mayoritariamente en contra, alegando sobre todo los graves riesgos
que las prospecciones entrañan para la protección del medioambiente, de
la biodiversidad en la zona así como en los ingresos y el modo de vida de la
población, basados de manera primordial en el turismo. En mayo de 2014,
el Gobierno aprobó una evaluación de impacto ambiental preparada por
Repsol S.A. Una vez que el Tribunal Supremo español rechazó, en junio
de ese mismo año, los siete recursos interpuestos contra la prospección
(interpuestos entre otros, por organizaciones ecologistas —Greenpeace,
Oceana, Wildlife Fund—, y por el Gobierno canario, que, aunque había estado
inicialmente a favor, cambió después su posición), había luz verde para
que las actividades en la zona diesen comienzo a finales de noviembre. Parece
pertinente señalar, no obstante, que distintas ONG nacionales e internacionales
llegaron a denunciar supuestas irregularidades, en especial en
lo concerniente a la realización de la evaluación de impacto ambiental; 122
llegando alguna de ellas a interponer una queja a este respecto ante la
Comisión Europea por entender que se habría vulnerado la legislación de
la UE sobre la evaluación de impacto ambiental. 123
Con esto, pretendemos subrayar, en cualquier caso, que las decisiones
políticas que se adopten deben contar siempre con un fundamento científico
que las avale, que la ausencia de certidumbre a este respecto sobre
la posible producción de daños no debe justificar nunca la falta de
adopción de medidas de prevención y que las autoridades políticas deben
actuar, por consiguiente, con la máxima cautela en aras de evitar daños
medioambientales o de otro tipo. 124
Energías renovables marinas
El marco normativo nacional no contempla medidas de impulso específico
para las energías renovables marinas. Resultaría deseable que los poderes
públicos dotasen este ámbito de un soporte legislativo y administrativo
adecuado a fin de fortalecer las oportunidades de España para el
122
A título de ejemplo, pueden verse las alegaciones de Ecologistas en Acción, en
Ecologista, n.º 82, otoño 2014, pág. 5.
123
Con respecto a ello, véase el sitio web de We have the power, (disponible el 13 de octubre de 2014).
124
Como los que podrían haberse producido en otros casos. En esta línea, el tan discutido
Proyecto Cástor, un gran almacén de gas natural subterráneo frente a las costas
de Castellón, que generó seísmos (un medio millar durante 2013, de hasta una magnitud
de cuatro grados, perceptibles por tanto por la población de la zona), había sido
autorizado en su día, mediante un real decreto que otorgaba la concesión en 2008, y
puesto en funcionamiento después, a pesar de que no contaba inicialmente con todos
los informes preceptivos. La compañía Escal UGS, participada mayoritariamente por la
constructora ACS, formalizó su renuncia al proyecto en 2014, haciendo prever entonces
que su gestión revertiría seguramente sobre el sector público, con el consiguiente coste
para los ciudadanos; El País, 26 de junio de 2014, págs. 38 y 43.
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