Documentos de Seguridad y Defensa 67

Régimen jurídico de los espacios marítimos...
El apartado 11 señala que el presente artículo no es de aplicación ni limita
las visitas a buques realizadas por un Estado parte de conformidad
con la legislación internacional, fuera del mar territorial de cualquier Estado,
incluidas las que se efectúen basándose en el derecho de visita,
la prestación de asistencia a personas, buques o bienes necesitados de
socorro o en peligro, o en una autorización concedida por el Estado del
pabellón a los fines del cumplimiento de la ley u otros fines.
Los Estados han ido tratando de poner solución al problema del terrorismo
internacional, y más en los últimos años en los que el terrorismo
supone una amenaza para la seguridad marítima y para la seguridad de
los Estados.
Además hay que señalar que dicho terrorismo no existiría si no existieran
redes de financiación y suministro de armas, cuyo transporte en muchas
ocasiones se realiza por mar, como modo de obviar el control de
fronteras.
En relación con el Derecho interno, nuestro Código Penal tipifica en sus
artículos 571 a 580 los delitos de terrorismo, castigando entre otros tipos
el depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias
o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes… así como
su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma.
Asimismo la nueva redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial incluye dentro de los delitos de persecución universal al terrorismo
en su apartado 4.d) en el supuesto que se cometa en los espacios
marinos, y e) con carácter general, siempre que concurran los supuestos
señalados en dicho artículo.
En cuanto al tráfico de armas, cuestión ligada al terrorismo internacional,
podríamos señalar que nuestro Código Penal lo tipifica en los artículos
563 a 570; sin embargo el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
no lo incluye específicamente en sus apartados, aunque el apartado
p) de dicho artículo incluye como competencia de la jurisdicción española
a cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio
por un tratado vigente para España o por otros actos normativos
de una organización internacional de la que España sea miembro, en los
supuestos y condiciones que se determinen en los mismos.
Desde el punto de vista del Derecho internacional, también podríamos
citar el Protocolo complementario a la Convención de Naciones Unidas
contra la delincuencia transnacional organizada, y el Protocolo contra
la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes
y municiones de 31 de mayo de 2001, adjunto al convenio antes
nombrado.
Asimismo, habría que mencionar el Tratado sobre el Comercio de Armas,
hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013, que entrará en vigor con ca-
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