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SALA DE TOGAS
JURISPRUDENCIA
((LOLA, NI FLORES»
Fausto ROMERO MIURA
En el número tres de SALA DE
TOGAS. comentamos la sentencia
del Tribunal Constitucional de 20 de
febrero de 1988, en relación con la
supuesta defraudación a Hacienda
de Lola Flores.
Meses después. el Tribunal Supremo
ha dictado, con fecha 27 de
diciembre de 1990, Sentencia por la
que condena a la célebre "Lola de
Hacienda" como autora responsable
de dos delitos fiscales del antiguo
Art. 319 CP. y dos delitos contra la
Hacienda pública. del vigente Art.
349 CP.
Durante dos días consecutivos. el
diario económico CINCO DIAS ha
publicado. bajo el título "Análisis de
la Sentencia del " Caso Lola Flores",
el comentario que. sobre dicha. sentencia
han elaborado Jes ús-María y
Manuel-José Silva Sán chez, Catedrático
de Derecho Penal y Abogado
del Estado. respectivamente.
Por su indudable interés, reproducimos
íntegramente dicho trabajo.
* * *
"La sentencia de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo de 27 de
diciembre de 1990, ponente Excmo.
Sr. Ruiz Vadillo, está llamada probablemente
a desempeñar un importante
papel en el debate jurídico
desarrollado en España en torno a
los delitos contra la Hacienda pública.
Su valor es doble: por un lado.
constituye la última aportación a la
escasa jurisprudencia del alto Tribunal
en materia de delitos contra la
Hacienda pública; por otro, es la
primera sentencia en que la Sala de
lo Penal del Tribunal S upremo se
pronuncia sobre la trascendencia en
el ámbito punitivo de la importanti~
sima sentencia del Tribunal Constitucional
de 20 de febrero de 1989.
Esta. al declarar la inconstitucionalidad
y la nulidad de determinados
artículos de la Ley 44/ 1978 reguladora
del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. y la simple
inconstitucionalidad de otros, planteaba
varias cuestiones. De una
parte, el futuro régimen de tributación
por el IRPF de las personas
casadas y la viabilidad de las pretensiones
de devolución de ingresos.
De otra, la po ~ ibilidad de aplicar
retroactivamente la normativa que
se dictara en sustitución de la anulada
a los efectos de giro de liquidaciones.
devengo de intereses de
demora, imposición de sanciones y
condena por delitos fiscales, referido
todo ello a hechos correspondientes
al periodo anterior a la Ley
20/1989 de 28 de julio. Respecto a
este último supuesto, la situación de
la jurisprudencia penal y contencioso-administrativa
muestra, aparte
de escasez, contradicción e incertidumbre.
La posibilidad de girar liquidaciones
tributarias que sustituyesen
a las anuladas con aplicación de la
nueva normativa fue reconocida por
la jurisprudencia incluso antes de
que aquélla se promulgase, y con
referencia expresa a la resolución
de la Secretaria General de Hacienda
de 28 de febrero de 1989. Así, la
sentencia de la Sala Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona
de 11 de abril de 1989 establecía que
la liquidación anulada "habría de
ser sustituida por otra a practicar
cuando se promulguen las modificaciones
o adaptaciones normativas
que impone la sentencia del supremo
intérprete de la Constitución''.
En sentido similar se pronunciaron
las sentencias de la Sala Tercera
del mismo tribunal de 9 y 16 de
mayo. y 14 de junio del mismo año, y
la del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón de 26 de julio. Tras la
entrada en vigor de la Ley 20/1989
de 28 de julio, de adaptación del
IRPF y del IFPPF, su aplicación
retroactiva fue ratificada por la Sentencia
del Tribunal Superior de Jus-.
ticia de la Comunidad Valenciana de
8 de junio de 1990.
Respecto de los intereses de demora
y sanciones tributarias, se ha
dictado por la Sección 2a de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, la sentencia de 8 de
noviembre de 1990, recientemente
notificada, en cuyos fundamentos de
derecho se indica que "la previsión
contenida en el Art. 25 CE, conforme
a la cual andie puede ser condenado
o sancionado sino en virtud de
infracción penal o administrativa
fijada con anterioridad a su comisión,
referida al caso examinado,
supone que los elementos de la
infracción tributaria, han de ser
conocidos en el momento de su
comisión por el presunto autor de la
misma.
Cuando uno de los elementos de la
infracción -su límite cuantitativo­
' que a su vez condiciona el alcance
de la sanción a imponer -en función
de la cuota defraudada- no era
susceptible de ser conocido por los
recuueutes -por mor de la declaración
de inconstitucionalidad que
recayó sobre la regulación del Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas en cuanto a la llamada
obligación de tributación conjunta
de los cónyuges-, siendo fijadas
con posterioridad aquellas cantida-
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