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SALA DE TOGAS
2.- La ampulosidad del término
-unificación de doctrina- no corresponde
a la realidad, al permanecer
fuera de su órbita revisora unificadora,
en primer lugar, las sentencias irrecurribles
en la via laboral -cuales son
las dictadas en materias de vacaciones,
electoral, clasificación profesional y
sanción a los trabajadores por faltas
leves y graves- y en segundo lugar,
sentencias que no fueran dictadas por
la propia Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia o por otras Salas
de lo Social del mismo -algunos
Tribunales Superiores, como los de
Castilla-León, Andalucía y Canarias,
tienen varias Salas de lo Social -dado
que la contradicción, legitimadora del
recurso, unicamente se admite entre
las mismas o con referencia a las pronunciadas
por el Tribunal Supremo.
De este modo, no se incluyen en
el ámbito unificador todas aquellas
sentencias dictadas en otros órdenes
jurisdiccionales, a pesar de la conexión
que pueda existir en la materia reguladora
-así un mismo hecho puede
ser constitutivo de delito y de infracción
laboral grave determinante de
despido, las circunstancias de un accidente
de trabajo pueden dar lugar a
sanción administrativa por infracción
de las normas de seguridad e higiene
en el trabajo, y a la vez, actua como
soporte legal de un recargo en la prestación
de Seguridad Social, cuyo conocimiento
viene atribuido a la jurisdicción
laboral; normas de la misma
naturaleza pueden ser aplicables por
diferentes ordenes jurisdiccionales, según
se trata de trabajadores o personas
a las que afecta una relación estatutaria
o funcionarial- ya que la finalidad
de la ley, según se desprende
de la L.B.P.L. de Abril de 1989, y de
la propia redacción del precepto, es
más limitada, lo que determina, en lógica
consecuencia, la atribución del
conocimiento de recursos a la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo.
De lege ferenda pudiera pensarse
en un instrumento unificador para estos
supuestos, de conexión de materia
regulada mediante la instauración
de una Sala especial del Tribunal Supremo,
como pudiera ser la Sala encargada
de resolver los conflictos de
competencia- integrada según el artículo
42 de la L.O.P .J., por el Presidente
del Tribunal Supremo y dos magistrados,
uno por cada orden jurisdiccional
en conflicto.-
Para los casos de materias excluidas
del recurso de suplicación, pudiera
acudirse al recurso en interés de ley,
regulado en el artículo 1718 de la
L.E.C. -aún cuando no explique
efectos, sobre la situación jurídica
creada por la sentencia recurrida- , a
tenor de la supletoriedad inserta en la
Disposición, 7) Adicional primera 1
del T.A.L.P.L., pero, precisamente,
el apartado 2 de la misma niega su
aplicabilidad.
3.- El Tribunal Supremo ha tenido
ya ocasión de decidir sobre cuestiones
planteadas respecto a resoluciones
recurribles en unificación de doctrina.
Así, el auto de 15 de Enero de
1991, dictado en el recurso 112390,
expresa:
«El articulado 216 del T.A.LP.L.
excluye «por imperativo legal la doctrina
contenida en senten cias del extinguido
Tribunal Central de Trabajo,
que no son aptas para viabilizar el
dicho recurso- de casación para la
unificación de doctrina».
A s.u vez, el auto de 24 de Enero
de 1991 , recaído en el recurso 1.134
190, afirma:
« ... la doctrina cuya unidad está
encomendada a este recurso no es otra
que la propia del orden jurisdiccional
central, aunque, dandole por sobreentendido,
no se especifique en que ley,
y ello, porque la competencia de esta
Sala IV, a quien esta atribuido el recurso
se cifie a dicho orden, a tenor
del artículo 59 de la L.O.P.J. y porque
las sentencias que son ocasión y
destinatarias de las unidad doctrinal
estáconstrefiidos al mismo orden, artículo
75 de la m isma ley» «Razonamiento
jurídico primero, añadiendo
posteriormente:
« ... Como la resolución j udicial a
que se acoge el recurso como contradictoria
con la recurrida es la de la Sala
Tercera de este Tribunal y además
no tiene forma d e sentencia sino de
auto, en contra de la letra de la ley,
es evidente según lo razonado que el
recurso debe ser inadmitido».
Razonamiento jurídico segundo.
Afiade obiter dicta, este último
fundamento jurídico.
Aún con todo no es ocioso afiadir
que se trata, en el primer motivo del
recurso, nervio de todo el determinar,
la competencia y sobre esta cuestión
esta Sala no puede establecer más que
criterios uniformes en el orden social
y que la unidad de criterios de esta Sala
con el resto de las Salas que componen
este Tribunal corresponde a la
Sala de conflictos».
En el mismo sentido el auto de 17
de 1991, pronunciado en el recurso .
990.90, dice:
«La última referencia - la del artículo
216 del T.A.P.L. del Tribunal
Supremo- ha de entenderse realizada
a sentencias de esta Sala, sin que
pueda extenderse a las de otras Salas
de este Tribunal respecto las que no
opera la unificación de doctrina como
exigencia interna del orden social en
la aplicación de las normas que delimitan
su ámbito jurisdiccionaL No tienen
por tanto, la consideración de decisiones
c~mparables a efectos de
guardar la pareciación de una contradicción
en este recurso a las resoluciones
de otras Salas del Tribunal Supremo,
pues la doctrina que ha de unificarse
es la del orden social y no esta
con la de otros ordenes jurisdiccionales».
MOTIVOS
Los motivos del recurso se adecuan
al fin perseguido, que es el genuino
del recurso de casación: defender
la ley y unificar la jurisprudencia
mediante una interpretación uniforme
de aquella. No se trata de conseguir
una igualdad en la aplicación de la ley,
sino en aras de la certidumbre o seguridad
jurídica, mantener el imperio
de la misma y su uniforme interpretación.
Como ha dicho el Tribunal
Constitucional -en el auto de inadmisión
de la Sala 2 • en 4 de Mayo de
1990, respecto a sentencias contradictorias
dictadas por distintos órganos
jurisdiccionales las diferencias de intrepretación
son consustanciales a la
propia función jurisdiccional y aunque
ello puede afectar a la seguridad
jurídica, queda fuera del ámbito de la
específica via del recurso de amparo,
no correspondiendo al Tribunal «armonizar
los distintos criterios jurisprudenciales
decantados por los Tribunales
ordinarios».
Conforme al indicado objeto y finalidad
el artículo 221 de T.A.L.P.L.
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