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SALA DE TOGAS
Social con las sentencias del Tribunal
Supremo, y la tesis de Izquierda Unida
-enmienda 97 al citado proyecto-
que intentaba extender la casación
común a las decisiones de los Juzgados
de lo Social sobre reclamaciones
que exceden de dos millones de pesetas
o que afecten a despidos de los
representantes de los trabajadores.
FUNDAMENTO
l. La atribución a los Tribunales
Superiores de Justicia de los recursos
de suplicación demandaba una ordenación
en modo tal que -según expone
la Exposición- de Motivos 111,
de la L.B.P.L. de Abril de 1989 «quede
asegurada la unificación de jurisprudencia
que el respeto a los principios
de unidad jurisdiccional y de
igualdad en la aplicación de la ley
exigen».
A ello responde el recurso especial
de casación para la unificación de doctrina
del que la mencionada Exposición
destaca dos notas relevantes: una
negativa, consistente en que en modo
alguno es un continuo del actual recurso
en interes de ley de que conoce
el Tribunal Supremo, contra sentencias
dañosas o erróneas dictadas por
el Tribunal Central de Trabajo; y otra
positiva en el sentido «que su estimación
produce efectos sobre las situaciones
jurídicas creadas en virtud de
la sentencia recurrida».
A pesar de lo expuesto, entendemos
que el fundamento de este recurso,
y por ende su fi nalidad, no es la
igualdad en la aplicación de la ley, sino
la uniformidad jurisprudencia/,
acorde con el designio original de la
casación de «defensa de la ley» -lo
que debe quedar claro para evitar que,
el mismo, se confunda con una tercera
instancia. (6).
Y debe ser así, porque desde tal
perspectiva de igualdad, la jurisprudencia
constitucional ha sentado reiteradamente,
que la igualdad en la
aplicación de la ley solamente es predicable
de las decisiones que tengan su
origen en un mismo órgano jurisdiccional
(S.T.C. 47/1989, de 2 1 de Febrero),
y que es legítimo el cambio de
criterio por parte de jueces y Tribunales,
siempre que sea razonado, razonable
y consciente, esto es mantenido,
una vez que se adopta, con un
mínimo de continuidad, de modo que
lo prohibido, por aquel principio, es
un cambio arbitrario (S.T.C. 2/83, de
24 de Enero y 16/ 1989, de 16 de Octubre).
Es decir, que las decisiones en
contradicción han de provenir del mismo
órgano jurisdiccional, recaer sobre
casos o supuestos conflictivos sustancialmente
análogos, y apartarse la
resolución última de la anterior sin explicación
razonada, pues la posibilidad
de modificar el criterio previamente
adoptado constituye, incluso,
(S.T.C. 49/ 1985, de 28 de Marzo) exigencia
ineludible de la propia función
judicial, cuando aquel se considera
posteriormente, erróneo, dado que «el
juez está sujeto a ley, y no al precedente,
y está obligado por mandato
constitucional a aplicar aquella, es decir
el sentido de la misma que reconsidera
como ajustado en el momento
de juzgan>.
2.- Remarca, la doctrina; que el recurso
en interés de ley es el antecedente
inmediato del de unificación de doctrina,
y señala a la vez, la similitud
existente entre ambos recursos. En
realidad la semejanza deriva de que
ambos recursos se instituyen frente a
sentencias dictadas en el recurso extraordinario
de casación, su conocimiento
se atribuye al Tribunal Supremo
y su finalidad es procurar la unidad
jurisdiccional -unidad jurisdiccional
hoy existente, en virtud de la
reforma orgánica antes citada-. Pero
dejando aparte otras diferencias
(8), -quizás en el recurso de interés
de ley priva más la rectoría del Tribunal
Supremo, función pública que justifica
su exclusiva interposición por el
Ministerio Fiscal- existe una sustancial
y es que la estimación del recurso
-base trigésimo quinta-4-, de la Ley
de Bases y artículo 225-4 del Texto articulado
de la Ley de Procedimiento
laboral vigente, de 27 de Abril de 1990
(T .A.L.P .L.) «produce efectos sobre
las situaciones jurídicas creadas en virtud
de la sentencia recurrida», lo que
no ocurría en el de interés de ley.
No cabe duda, pues, que la naturaleza
del recurso de unificación de
doctrina, al tener plenos efectos jurisdiccionales,
es la propia de un recurso
de casación y no solo porque así lo
denomina el capítulo IV del Libro lll
de T .A.L.P .L., sino porque el mismo
a tenor del artículo 216 de tal texto
procesal, se configura, como un recurso
extraordinario, de carácter devolu-
tivo, que tiene por objeto la unificación
de la doctrina con ocasión de sentencias
dictadas, en suplicación, por
las Salas de lo Social de los Tribunales
Superiores de Justicia o con sentencias
del Tribunal Supremo, respecto
de los mismos litigantes otros diferentes
en idéntica situación, donde en
cuanto a hechos, fundamentos y pretensiones
sustancialmente iguales, se
hubiere llegado a pronunciamientos
distintos.
Lo que separa, pues, este recurso
del ordinario de casación es la clase
de resoluciones recurribles y los motivos
del recurso. Respecto a lo primero
al ser sólo recurribles - art. 215
T.A.L.P.L.- las sentencias dictadas
en suplicación por las Salas de Jo Social
de los Tribunales Superiores de
1 usticia, y ser político la concepción
del recurso de suplicación ante el extinguido
Tribunal Central de Trabajo,
como «pequeña casación» (9) -
consideración que ha de tener el actual
recurso de suplicación, aunque el
órgano competente para su conocimiento
no sea único, sino plúrimo-,
es evidente, como afirma Cruz Villa­
Ión (10), que este recurso se viene a
convertir en un «recurso extraordinario
adicional, a modo de segunda casación
, frente a resoluciones ya de revisión
extraordinaria, dictadas por los
Tribunales Superiores de Justicia.
En cuanto a lo segundo es claro
que el único motivo, ha de coincidir
con su finalidad, es decir, evitar sentencias
contradictorias de las Salas de
lo Social en aras de la unidad jurisprudencia!
y defensa de la ley.
LEGITIMACIÓN
1.- El artículo 2 17 del T.A.L.P.L.
establece que «el recurso podrá prepararlo
cualquiera de las partes o el
Ministerio Fiscal», legitimación coincidente
con la señalada en la Base trigesimoquinta
-2-. La legítimación de
las partes no es sino fiel reflejo del
principio dispositivo, rector en los
procesos civiles en que se debatan,
cual ocurre en el proceso laboral, intereses
jurídicos privados.
Como afirma Montero Aroca (11 ),
los principios conformadores del proceso
son iguales en lo civil y en lo laboral
debido a la naturaleza de los intereses
en juego que son siempre privados,
en el sentido que corresponde
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