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S~LA DE TOGAS
nal. En el caso de la artista Lola
Flores, los hechos fueron, ciertamente.
cometidos cuando todavía
estaban en vigor los preceptos extrapenales
referidos. En efecto, es
hecho prJbado que la procesada no
presentó las declaraciones de la
Renta de las Personas Físicas relativas
a las anualidades 1982, 1983,
1984 y 1985. Sin embargo, a la hora
de proceder al enjuiciamiento de
tales hechos, cabrís sostener teóricamente
dos hipótesis.
Por una parte, podría entenderse
que los tipos penales a aplicar precisaban
complementarse con alguno
de los preceptos tributarios que
fueron declarados nulos, existiendo
en su lu¡;::.r . pr~mero , ~::1 v ::;.cíc lc6al
y, después, una nueva normativa.
Así lo entendió en su momento la
Audiencia Provincial de Madrid y.
ahora, el voto particular del magistrado
señor Barbero Santos. En la
conclusión, su tesis es la de que.
anulados los preceptos extrapenales
con lo que determinar la cuantía
defraudada, no puede presumirse
que ésta sea superior al límite
mínimo requerido para la infracción
penal, con lo que no puede condenarse.
Ello, tanto si el hecho se
enjuicia durante el período del
supuesto vacío legal (así. la AP
Madrid), como si lo es durante el
período de vigencia de la nueva
normativa (así, el voto particular
del señor Barbero Santos). En la
base de esta solución podría hallarse
la doctrina tradicional del
Tribunal Supremo relativa a la
necesaria aplicación de la ley
intermedia más favorable. Una
variante de signo diferente sería la
representada por la doctrina establecida
en el citado auto de la AP
Madrid de 26 de junio de 1990, en el
que se admitía expresamente la
posibilidad de una aplicación retroactiva
de la nueva normativa.
Sin embargo, frente a lo anterior,
cabe por otra parte, una segunda
hipótesis, y ésta es la que sigue el
Tribunal Supremo en su sentencia
de 27 de diciembre de 1990. En efecto.
el Alto Tribunal, si lo entendemos
bien, procede a una interpretación,
que cabría calificar como teleológica,
de la sentencia del Tribunal
Constitucional y del alcance de su
declaración de nulidad de ciertos
preceptos de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta. Ciertamente, el fin
declarado de la anulación por el Tribunal
Constitucional de tales preceptos
es la salvaguarda del principio
constitucional de igualdad que
se vería vulnerado, por ejemplo, en
perjuicio de los contribuyentes casados,
al verse éstos obligados a
presentar una declaración conjunta
con acumulación de rentas. De ahí
desprende la sentencia de la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo que
aquellos preceptos sólo están anulados
en tanto en cuanto su aplicaciótt_pueda
resultar vulneratoria del
principio de igualdad, esto es. discriminatoria
de los contribuyentes
casados. Por contra, tales preceptos,
no se verían anulados en la medida
en que su aplicación se mostrara
conforme con el principio de igualdad
y , por tanto, no produjera efectos
de dlscrimmación (l