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SALA DE TOGAS
variado sustancialmente la forma
de incriminar al sospechoso, hasta
el punto de que en la mayoría de los
casos su declaración puede llegar a
no ser imprescindible, bien porque
se niegue a ello haciendo uso de su
derecho o porque no aporte más
datos de los que dispone la Pplicía.
Hoy, se decide proceder a la de tención
del sospechoso, porque se dispone
de la prueba de antemano, ya
sea ésta material, basada en el testimonio
de t"erceros o derivada del
conocimiento que la Policía pueda
tener, observaciones telefónicas,
registros, etc.
No obstante la declaración del
detenido siempre facilita la labor de
los encargados de la investigación y
les ahorra la práctica de diligencias
de comprobación además de poder
ser utilizada como testimonio que
pueda implicar a otras personas.
Las relaciones con el colectivo de
Abogados son respetuosas, fluidas e
incluso en algunos casos de amistad,
sin que ello suponga dejación de
sus funciones por parte de la Policía
o perjuicio para el detenido por el
Abogado, sino que refuerza el cometido
de ambos.
Este grado d~ entendimiento mutuo
permite, eJ' que en Almería sin
llegar a cumplir taxativamente lo
dispuesto por la Ley en cuanto a la
asistencia letrada, ya sea de oficio o
por designacióll, que podría resultar
complejo se d~ cumplimiento al
requisito de asis~ncia contemplada
en el artículo 520 de la L.E.C. de
fqrma consensuada y oportuna,
aceptada por los colectivos de Abogados
y Policía sin detrimento de
los derechos del detenido.
Se ha detectado, eso sí, algunos
inconvenientes para conseguir un
perfecto funcionamiento de las misiones
encomendadas a los Cuerpos
de Seguridad de una parte y del trabajo
del Profesional de la Abogacía
por otro lado.
Quizá el más significativo sea el
derivado de la exigencia legal de
que sea el mismo letrado el que esté
presente en todas las diligencias
que se praétiquen con el detenido al
que le haya sido asignada su asistencia.
Ello motiva dificultades sobrevenidas
por la necesidad de
hacer coincidir en algunas diligen ­
cias, como pueden ser los reconocimientos,
al detenido, a la víctima, a
los testigos y al Instructor de las
propias diligencias, dentro de los
p lazos de la detención que inevitablemente
ha de respetar la Policía.
En este sentido son innumerables
los inconvenientes: el Letrado encargado
por lo general de otros
asuntos, ha de encontrar el momento
conveniente para concurrir; el
testigo no siempre está dispuesto
para comparecer; la víctima pasa
demasiado tiempo en las dependencias
policiales; el Instructor también
está sujeto a un horario de tr a­
bajo, etc.
Soy de la opinión de que la asistencia
del Letrado a determinadas
diligencias, al igual que ocurre en la
declaración del detenido, debería de
reglarse de forma que ni la víctima
ni el detenido sufrieran las consecuencias
de obligados retrasos motivados
por unas y otras causas.
Foco: Cristina
La autoridad judicial
Ningún Policía se cuestiona las
decisiones de la Autoridad Judicial.
Este colectivo es conocedor de la
potestad de que aquella está investida
y son respetuosos con tales
decisiones.
N o es cierto que el Policía se
sienta defraudado cuando u n detenido
es puesto de inmediato en liber- .
tad por decisión del Juez. La formación
de que disponen y que se les
facilita de forma permanente permite
el que conozcan. de una parte,
las atribuciones del Juez y, de otra,
las distintas decisiones que aquel
puede adoptar respecto a una persona
privada de libertad por la Policía,
contempladas en la Ley.
Deseo quede claro que el Policía
asume su función con responsabilidad,
que está mentalizado de que su
cometido esencial es servir a la
sociedad, de que debe auxiliar y proteger
a las víctimas, responsabilizarse
de la integridad y respetar a
los detenidos y garantizar la seguridad
ciudadana tratando de conseguir
un clima de paz social.
Foco: Cristina
El Ministerio Fiscal
Cada vez han de ser más numerosos
los contactos entre Fiscal y
Policía, necesidad que se impone
dentro de sus respectivas atribuciones,
competencia y campos de actuación,
no sólo por razones de
índole legal que obligan a ello, sino
también porque se precisa para
hacer frente de forma eficaz a los
cada vez más complejos y perfeccionados
métodos que hoy día utiliza
el delincuente, tanto en sus
actos preparativos como en la comisión
de los hechos delictivos.
El Fiscal está llamado a ser el
órgano.que impulse las actuaciones
de la Policía Judicial, especialmente
en la fase inicial de la instrucción
del procedimiento.
La Policía está obligada a poner
en conocimiento del Fiscal todo
aquello que conozca, que, sin llegar
a~n a ser constitutivo de delito, se
presuma pudieran constituir actos
preparativos para la comisión del
mismo, y el Fiscal debe asumir la
responsabilidad de impulsar y respaldar
las actuciones policiales en
este espacio de "predelito", en el que
la norma legal presenta lagunas
considerables, pero que con la anticipación
de las actuaciones dirigidas
por el Fiscal, que ha de ser quien
allane las dificultades de tipo procesal
y de procedimiento, con la intervención
puntual de la Policía, coordina
debidamente, puede suponer
una seria e insalvable bar rera para
el delincuente, a la vez que una
garantía de seguridad jurídica para
la sociedad.
Jesús Ruiz Esteban
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