SDT10 ok

SALA DE TOGAS
1
Por tanto, si una explotación
pecuaria como es la de granja avícola,
que reúne todos los requisitos
que hemos expuesto para la definición
de industria, es considerada
como arrendamiento de empresa o
industria, la explotación de un invernadero
debe tener la misma calificación
jurídica, la misma consideración
jurisprudencia! y, aún, legal,
pues cumple con el requisito de ser
una organización industrial con
vida propia y susceptible de ser
inmediatamente explotada y cuenta
con los elementos necesarios y adecuados
para el uso industrial, y con
la preexistencia y continuación de
la actividad económica. En buena
lógica, pues, el contrato de aparcería
de invernadero debe ser calificado
como arrendamiento de empresa
o industria.
Lógica a la que es menester unir
la hermenéutica jurídica y, en concreto
y de manera especial, el artículo
3.1 del Código Civil, conforme
al cual, "las normas se interpretarán
según el sentido propio de sus
palabras, en relación con el contexto,
los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas,
atendiendo, fundamentalmente, al
espíritu y finalidad de aquellas",
extremos sobre los que no parece
necesario extenderse tras todo lo
68
expuesto hasta ahora, básicamente,
en orden a la realidad social de la
explotación del invernadero como
industria.
Pero es más. La jurisprudencia ha
dado el espaldarazo definitivo a esta
hipótesis que se propone -de calificación
de este contrato como de
arrendamiento de industria- en la
sentencia del Tribunal Supremo de
11 de diciembre de 1962, conforme a
la cual, "por industria se viene
entendiendo la aplicación de la actividad
humana a la px·oducción de
riqueza, y, en este sentido es indudable
que a la agricultura, encaminada
a la mejor producción de frutos
de la tierra, no se le puede negar el
cat·ácter de industria, básica y primordial
fuente de bienes de consumo,
a cuyo servicio ha nacido una
técnica cada vez más perfecta y
cuya influencia en la economía
nacional la hace tan respetable y
digna de protección como cualquier
otra actividad industrial".
Partiendo, pues. de esta concepción
del contrato de arrendamiento
-o de aparcería- de invernaderos
como arrendamiento de industria, la
regulación legal no será, por tanto.
otra que la que rige para este tipo de
contratos que. como sei'lala el artículo
3º de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, viene dada por lo pactado
entre las partes y lo dispuesto en la
legislación c1viJ común, es decir, las
disposiciones comunes a todo tipo
de contratos, y las específicas del
Código Civil sobre los arrendamientos.
Si bien, cabe otra alternativa,
según la construcción jurisprudencia!
que hace el Tribunal Supremo
en su sentencia de 25 de marzo de
1987. Linea Jurisprudencia! que no
comparto, pero que camina por el
mismo sendero de excluir la aparcería
de la L.A.R., y, una vez excluida,
aplicar a esa aparcería la legislación
común, el Código Civil, pero
desde una doble perspectiva: desde
la esfera de los arrendamientos
ordinarios y desde la esfera del contrato
de sociedad lo que, en la práctica,
puede suponer abrir la puerta a
las doctrinas anteriormente apuntadas,
básicamente a la que configura
la aparcería de invernadero
como contrato de empresa o arrendamiento
de industria. Y, en cualquier
caso, a su exclusión del
ámbito de la Ley de Arrendamientos
Rústicos.
Conclusión
Parece, incluso, innecesario formularla:
la elevación de la anécdota
a categoría, y la conceptuación del
invernadero como explotación empresarial.
como industria, lo que
debe conllevar:
1) Su exclusión de la Ley de
Arrendamientos Rústicos.
2) Consiguientemente, su inclusión
en el Código Civil -y, de lege
ferenda- en el de Comercio.
3) La atribución de la calidad de
empresario al agricultor que explota
-obviamente, tras lo expuesto, de
manera y con ánim o de empresa o
industria- un invernadero.
4) En función de ello, la posibilidad
de que el agricultor se acoja a
los beneficios (la suspensión de
pagos. por ejemplo) que la legislación
mercantil reserva para los
empresarios.
5) Y la posibilidad, también, de
asignar a la aparcería y al arrendamiento
de invernadero el carácter de
contr atos mercantiles, bien tipificándolos
como tales, bien incardinándolos
en el variado catálogo de
contratos asociativos -o de mero
uso o disfrute, aunque considero
técnicamente más ajustada la primera
opción- que regula dicho
cuerpo legal.