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SALA DE TOGAS
APUNTES PARA LA SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL
Agustín LAZAR O BENA VIDES
Cuando un Abogado se encuentra
en la necesidad de solicitar la libertad
provisional de un cliente que,
cautelarmente, se encuentra en la
situación jurídica de prisión provisional;
el primer problema que se le
plantea, es que, con las fuentes de
derecho de que dispone, postular
ante el Organo Jurisdiccional competente,
su puesta en libertad. Postulación
que habrá de estar fundada
en la Ley, y no en la esperanza de
que, merced al clamor de la inoce~ ­
cia del defendido o en su precana
situación econ óm ica, con el consiguiente
drama familiar; la bonda.d
del Juez o Tribunal, acceda a la petlción
de libertad solicitada.
Encontrándome, yo, ~n idéntica
situación a la expuesta y en la convicción
de que el ado jurídico de
privación de libertad de una persona.
no debía de estar fundamentada
en algo tan abstracto, genéri.co
e impreciso como: "la alarma soc1al
que su comisión haya producido" ;
"o la frecuencia con la qu e se cometan
hechos análogos"; o la gr avedad
de la pena, en su día. a imponer. Sino
que tras un estudio individualizado
y concreto. en cada caso, el Juez,
considere necesaria adoptar la decisión
de privar cautelarmente de
libertad a una persona.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal,
procede a regular la prisión
provisional en los artículos 503 y
504. Del estudio yux tapuesto de
ellos, es claro que, la intención del
legislador inspirada en los principios
constitucionales y el Convenio
Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades
Fundamenta les. firmado en Roma el
4 de n ov iembre de 1950, ratificado
por Españ a el 29 de octubre de 1979,
con Protocolos Adicionales, es que
la prisión provisional de un inculpado,
sea la excepción; siendo el
fundamento teleológico de la prisión
provisional el que. pueda creerse.
fundadamente, que el inculpado,
podría sustraer~e a la acción de la
justicia. Ese, y no otro, es el fundamento
de la prisión provisional.
Bajo tales presupuestos. se pronuncia,
la. Audiencia Provincial d.e
Cuenca, en sentencia de 24 de abnl
de 1990, y que transcribo la interpretación
que dicho Organo Jurisdiccional,
da, al artículo 504 de la Ley
de Enjuiciam ien to Criminal:
" La prisión provisional o preventiva
se configura como una medida
puramente cautelar en un proceso
pendiente, de ahí que su natur~leza
y fin~s difieran, al menos en v1~ de
principios. de la naturaleza y fmes
de la pena privativa de libertad
impuesta como sanción penal en
sentencia que ponga fin a un procedimiento,
como última consecuencia
del delito para un debido castigo;
la finalidad de la primera es cumplir
una función de cautela procesal, o
sea, impedir las comunicaciones del
inculpado que pudieran perjudicar
la instrucción de la causa finalidad
que solam ente se lograría a través
de la prisión incomunicada, y asegurar
la personación de aquel e~ _el
proceso, como función de coaccwn
procesal, dirigida ya a mantener su
presencia durante la tramitación del
mismo, ya a asegurarla para el caso
recayendo un fallo condenatori.o
firm e, pueda ejecutarse el cumpllmiento
de la pena que en él le fuera
impuesta, es decir , evitar en todo
caso que eluda la justicia, ocultación
y la fuga, de modo que no haría
falta acordar tal medida cuando se
pueda confiar que el imputado estará
en todo momento a disposición de
la Justicia".
Teniendo como fundamento de
derecho, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, por lo
que respecta a. la prisión provisional,
el Tribunal Constitucional, por
Sentencia de 2 de julio de 1982, y la
propia Audiencia Provincial d.e
Cuenca, en Sentencia de 24 de abril
de 1990, se pronuncian de la siguiente
manera:
" Como manifiesta el artículo 9.3
del Pacto de Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. la prisión
preventiva no debe ser la regla
general para las personas· que hayan
de ser juzgadas".
El artículo 9.3 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
de 19 de diciembre de 1966; ratific~do
por España el día 27 de a bril
de 1977, y formando parte de s u
ordenamiento jurídico interno, a
virtud de su publicación en el B.O.E.
número 103 de 30 de abril de 1977,
dispone:
"Toda persona detenida o presa a
causa de una infracción penal será
llevada sin demora ante un juez o
funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales, y
tendrá derecho a ser juzgada. dentro
de un plazo r azonable o ser p uesta
en libertad. La prisión preventiv a de
las personas que hayan de ser juzgadas
no debe ser la regla genera l,
pero su libertad podrá estar subordinada
a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el
acto de juicio, o en cualquier otro
momento de las diligencias procesales
y, en su caso. para. la ejecución
del fallo".
Por su parte, el artículo 5.3 del
Convenio Europeo para. la Protección
de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales de 4
de noviembre de 1950; ratificado por
España el26 de septiembre de 1979 y
publicado en el B.O.E. número 243 de
10 de octubre de 1979, dispone:
"Toda persona detenida o encarcelada
en las condiciones p revistas en
el párrafo l.C) del presente artículo
deberá. ser conducido inmediatamente
ante un Juez u otro Magistrado
habilitado por la ley para. ejercer
funciones judiciales, y tendrá derecho
a ser juzgado en un plazo razonable
o ser puesto en libertad
durante el procedimiento. La puesta
en libertad podrá estar condicionada
a una garantía que asegure la com-
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