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SALA DE TOGAS
parecencia del interesado en el
juicio".
Y. en concordancia con todo lo
antedicho, se pronuncia la Fiscalía
General del Estado. en su Memoria
de 1987 (pág. 302 a 314), cuyo apartado
7 trata de: "La prisión provisional
según la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos".
en el siguiente sentido:
"Sobre la naturaleza de las normas
reguladoras de la prisión preventiva
según el T.C.. podemos
hacer dos afirmaciones:
Son normas !imitadoras del derecho
fundamental a la libertad y que
afectan a los derechos fundamentales
del articulo 24.2, entre ellos la
presunción de inocencia (T.C. 2-7-82.
B.O.E. 4-8-72). Las consecuencias
que se derivan son: 1) Cabe en
amparo control T.C. cuando se actúa
bajo la cobertura de improcedente
de una ley o contra lo que la misma
dispone (T. C. 26-12-84 y T. C. 12-3-87).
A través de él, el Tribunal delimita
el contenido mínimo garantizador
que dispone al articulo 17 C.E. los
jueces han de respetar en la interpretación
de los preceptos sobre la
materia (con claridad reciente S. 3-
3-87, Rec. amparo 786/86). No reina,
pues la total discrecionalidad. 2) Las
prescripciones legales sobre la medida
que estudiamos han de interpretarse
de la forma más favorable
al derecho fundamental que limitan
(T.C. 6-5-83, 9-2-85, 29-4-85 y 12-3-87).
3) Hande interpretarse, por último,
de conformidad con los Tratados y
Convenios suscritos por España
(Artículo 10 de la C.E., recordado,
entre otras, en la S. 3-3-87). Entre
éstos, tiene especial virtualidad por
las exigencias que comporta y el
órgano que lo interpreta, el Convenio
Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales. Deben hacerse
las siguientes matizaciones:
El convenio forma parte del ordenamiento
interno y es de directa
aplicación por encima de las propias
Leyes españolas. Así lo razona
el Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos en los Arrets De Wilde,
Ooms y Verspy, 18-6-71; Irlanda
contra Reino Unido, S. de 18-1-78;
Van Oosterwijerk, 6-11-80, entre
otros, pues el artículo 12 prescribe
que los Estados firmantes "reconocen
a toda persona dependiente de
su jurisdicción los derechos ... ": no
se comprometen a ese reconocí-
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miento sino que lo efectúan ya al
firmar. El articulo 96.1 de la Constitución
Española. le da validez superior
a las demás normas legales.
El texto del Acuerdo es medio
interpretativo vinculante para los
Tribunales de las disposiciones del
artículo 504 y concordantes de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El entendimiento del Convenio ha
de hacerse conforme a Ja jurisprudencia
del Organo encargado internacionalmente
de su interpretación
y aplicación que es el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. El
Tribunal Constitucional en numerosas
ocasiones cita a este Organismo
Internacional y reconoce la validez
obligatoria de sus decisiones.
La segunda de las afirmaciones a
que alude la Memoria del Fiscalía
General del Estado que comentamos,
es la siguiente:
"Son normas cuyo régimen debe
aproximarse al de las normas penales".
La importante sentencia del
T.C. de 12-3-87, antes comentada,
dispone que trasciende su pretendido
carácter meramente objetivo
dada la restricción de un derecho
fundamental que comportan y la
"semejanza sustancial" entre prisión
preventiva y privación de
libertad en Sentencia. La única diferencia
es el título estatal de imposición".
El Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos en los arrets Wemhoff,
27-6-68. Nuemeister, 27-6-68:
Stogmuller, 10-11-69; Maznetter, 10-
11-69; Reingeisen,16-7-71; Guzzardi.
10-11-80, entre otros. únicamente
considera conformes con el Convenio
las prisiones que tengan como
finalidad augurar el resultado del
proceso o evitar que el sometido a la
medida correctora pueda cometer
nuevos delitos. El primero de los
fines citados puede articularse en
dos supuestos: A) Peligro de fuga.
Es el riesgo de que el imputado deje
de estar a disposición del Tribunal
para el buen fin de la causa. Para
calibrarlo se debe de atender a
diversas circunstancias: a) Gravedad
de la pena a imponer. En cuanto
el inculpado pueda ausentarse ante
el temor de internamiento. Tiene
dicho el Tribunal (caso Masnetter)
que la importancia de la pena no
puede. por si sola hacer presumir el
peligro de fuga. sino que es preciso
el examen de las circunstancias que
siguen. b) Conducta anterior. carácter
y personalidad. e) Circunstancias
de la detención. si ha habido
singular oposición a ella. d) Arraigo
familiar. profesión y arraigo económico
y social en el país de que se
trate. No es numerus clausus la
enumeración; en definitiva se requiere
un estudio personal, familiar
y social del delincuente para determinar
el peligro de fuga. Cuando.
éste, sea el único fundamento de la
prisión conforme al artículo 5.3 del
Convenio podrá eludirse pagando
fianza. B) Peligro de supresión de
pruebas. Es la posibilidad de que el
imputado en libertad pueda sobornar
a los testigos. amenazarlos, destruir
u ocultar pruebas documentales
o de otra especie.
El segundo de los fines tasados es
el peligro de cometer nuevas infracciones.
Para determinar si existe
debe tenerse en cuenta la conducta y
trayectoria delictiva anterior, hábitos
criminales. gravedad del delito y
nocividad. Esa nocividad debe de
entenderse como resumen de lo
anterior equivalente a juicio de
peligrosidad criminal derivado de
los antecedentes y del estudio de la
personalidad.
El Tribunal de los Derechos Humanos,
separándose de los llamados
siete casos propuestos por la Comisión
Europea de Derechos Humanos,
sólo admite los expuestos. La
gravedad del delito "per se" sin
conectarse con los peligros de fuga,
repetición de delitos. o supresión de
pruebas no puede fundamentar la
medida cautelar que examinamos.
En razón a la cada vez más intensas
relaciones internacionales entre
los diversos estados, sin que por
ello se merme su propia soberanía.
y ante la inminente expectativa de
una plena integración en la Comunidad
Económica Europea, se hace
necesario que, quienes han de aplicar
la ley. acerquen sus decisiones a
las de los Tribunales Internacionales
o Supranacionales.
Agustín Lázaro Benavides