Memoria_2010

disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Se trata de una medida que tiene su origen en la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, mediante la que se desarrollan las previsiones contenidas en los artículos
73 y 108 de la Ley General de la Seguridad Social. Entre los requisitos básicos que se exigen a las empresas que
pretendan ser beneficiarias, que incluyen, entre otros, no rebasar en un determinado período de observación unos índices
de siniestralidad o encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de cotización a la Seguridad
Social, se exige también que las mismas no hayan sido sancionadas por resolución firme en vía administrativa en el período
de observación por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales o de
Seguridad Social, tipificadas en el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Dicho reglamento atribuye a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
la competencia de comprobación de la información y documentación que hayan presentado las empresas en sus
solicitudes, aun habiéndose dictado Resolución por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a
efectos de comprobar la veracidad de los datos consignados por las empresas.
El Real Decreto citado fue desarrollado mediante la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se establecen las
especificaciones del diseño y contenido del fichero informático por medio del cual las entidades gestoras o las mutuas
deben remitir a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el informe-propuesta no vinculante de las
mismas, en orden a la concesión o denegación del incentivo solicitado por las empresas. También establece los valores
límite y el volumen de cotización a tener en cuenta para el incentivo correspondiente al ejercicio del año 2009. Al mismo
tiempo se establece una serie de precisiones en cuanto al requisito del Real Decreto 404/2010 relativo a que las empresas
no hayan sido sancionadas por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos
laborales o de Seguridad Social, señalando que sólo se tendrán en cuenta las resoluciones sancionadoras que hayan
adquirido firmeza durante el período de observación, cuando el solicitante sea considerado en las mismas sujeto
responsable directo de la infracción. También indica que en el supuesto de infracciones graves solamente se tomarán en
consideración cuando hayan sido reiteradas durante el período de observación, entendiendo que se da tal situación cuando
el número de infracciones graves exceda de dos durante dicho período.
Asimismo cabe destacar el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, que refunde la normativa reguladora de las sociedades anónimas y limitadas, por modificar la
normativa de aplicación en los supuestos de derivación de responsabilidad en el pago de cuotas de seguridad social.
La Orden TIN/1827/2010, de 6 de julio, por la que se desarrolla, en relación con los acuerdos colectivos de empresa sobre
jubilación parcial, lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
La Orden TIN 2076/2010, de 27 de julio, determina el ejercicio de funciones en materia de actas de liquidación y de
imposición de sanciones por infracciones de Seguridad Social en el ámbito de las direcciones provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social, y establece que la resolución sobre las actas de liquidación de cuotas conjuntas con las
actas de infracción, cuando tales funciones correspondan a la Dirección General de la Tesorería General, se atribuye a la
Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones. Asimismo, cuando se trate de la imposición de sanciones por
infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores. También especifica las unidades competentes en el ámbito
provincial.
A continuación se debe hacer referencia a la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, para introducir
la tipificación de diversas infracciones de las que pueden ser sujetos responsables los citado trabajadores autónomos
relacionadas con la percepción de prestaciones indebidamente o el incumplimiento de determinadas obligaciones
relacionadas con las mismas. También se modifica el régimen de sanciones de los solicitantes y beneficiarios de pensiones
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