Memoria_2010

objeto de desarrollo normativo en esta orden. La determinación de los medios humanos que deben mantener en plantilla las
entidades especializadas para una actuación preventiva de calidad se basa en «ratios» de técnicos, detalladas en el anexo
I de la orden. En cuanto a medios materiales, se detallan en el anexo II de la orden las relaciones de los recursos mínimos
con que deben contar las entidades.
El segundo eje de las modificaciones, contemplado en el capítulo II de la misma, se ciñe a las obligaciones de información
de las entidades especializadas hacia la autoridad laboral y los ciudadanos en general. Para ello, la orden incluye un
modelo de memoria de actividades preventivas de servicios de prevención ajenos (anexo III), con un contenido tasado de
datos que se refieren tanto a la memoria de actividades del servicio de prevención en cada empresa con la que haya
concertado la actividad preventiva, como a la propia memoria de actividades del servicio de prevención ajeno en su
conjunto, que vendrá determinado así por el conjunto agregado de datos del total de las memorias de actividades en las
empresas concertadas.
Por otro lado, las previsiones existentes del artículo 28 del Reglamento de los Servicios de Prevención respecto al
suministro electrónico de las memorias, mediante el establecimiento de registros autonómicos conectados a una base
común de datos en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, permitirá un adecuado desglose de la información sea cual sea
el ámbito de actuación de cada servicio de prevención.
El tercer eje de las modificaciones, regulado en el capítulo III de la orden, afecta a las personas o entidades especializadas
que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. En este ámbito las
modificaciones son de menor entidad y se ciñen a ajustar y a concordar en el ámbito reglamentario el sistema de
autorización previsto para este tipo de entidades en la redacción dada al articulo 30.7 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales de acuerdo con la redacción dada a dicho artículo por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que estableció
un sistema de acreditación única.
Se debe destacar también la Disposición Final Sexta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un
sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, por la que se modifica el artículo 32
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para prohibir a las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social desarrollar directamente las funciones correspondientes a los
servicios de prevención ajenos, sin perjuicio de que se les permite participar con su patrimonio histórico en las sociedades
mercantiles de prevención constituidas a ese fin. Dicha reforma hace desaparecer de la redacción anterior la regulación que
limitaba la contratación de dichas sociedades de prevención exclusivamente con empresas que estuvieran asociadas a las
mutuas que participasen en las mismas.
Finalmente hay que hacer referencia a la Disposición Adicional Quinta de 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011, en la que se establece una reducción en la cotización a la Seguridad Social en los
supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los
supuestos de enfermedad profesional, a otro compatible dentro de la misma empresa.
2.3 Empleo y Relaciones Laborales
En primer lugar se debe destacar la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado
de trabajo, que había estado precedida por el Real Decreto-Ley 10/2010 sobre la misma materia. Dicha Ley contiene
reformas legislativas dirigidas a reducir la dualidad de nuestro mercado laboral que constituyen el primer objetivo de la Ley
y son objeto de tratamiento en su capítulo I. Se incorpora en este ámbito un conjunto de medidas que persiguen, por un
lado, restringir el uso injustificado de la contratación temporal y, por otro, favorecer una utilización más extensa de la
contratación indefinida.
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