Memoria_2010

de trabajo temporal. Además de determinadas modificaciones referidas al principio de igualdad de trato entre los
trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal y los trabajadores de las empresas usuarias, la adaptación a la
legislación comunitaria obliga a revisar las restricciones que se aplican a las empresas de trabajo temporal. Para aplicar
esta medida, se reserva un período para que la negociación colectiva, dentro de los sectores hoy excluidos de la actividad
de las empresas de trabajo temporal por razones de seguridad y salud en el trabajo, pueda, de manera razonada y
justificada, definir los empleos u ocupaciones de especial riesgo que no puedan ser objeto de contratos de puesta a
disposición.
Por otra parte, la Ley 35/2010 contiene varias regulaciones específicas que afectan a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. En primer lugar el Artículo 18 recoge una adaptación de la legislación sobre infracciones y sanciones en el orden
social a la nueva regulación de las agencias de colocación y de las empresas de trabajo temporal. También recoge en la
Disposición Adicional Decimocuarta una modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para
introducir determinadas conductas empresariales relativas al destino de donaciones y acciones de patrocinio en relación
con la reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad. Y en segundo lugar, la Disposición Adicional Décimo
Sexta señala para dicho órgano administrativo un doble tipo de mandato. Por un lado indica que sin perjuicio de las
competencias de las Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de
función pública inspectora, adaptará el número y la conformación de sus efectivos a las funciones legalmente
encomendadas, así como a las recomendaciones internacionales y las pautas establecidas en la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otro, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá en su Plan Integrado de
Actuación con carácter de objetivos de alcance general, los planes específicos siguientes:
a) Discriminación salarial entre mujeres y hombres.
b) Control de los contratos temporales sin causa e impulso a su transformación en indefinidos.
c) Control de la correcta utilización de los contratos formativos y de las prácticas no laborales en las empresas.
d) Control de la actuación de las empresas que realizan actividad de cesión de trabajadores sin contar con
autorización administrativa.
Para finalizar, hay que referirse también al Real decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias
de colocación, mediante el que se procede al desarrollo reglamentario de la Ley 35/2010. En el mismo se establecen las
definiciones de dichas agencias, el régimen de funcionamiento y desarrollo de su actividad, el procedimiento para la
concesión, ampliación del ámbito de actuación y extinción de su autorización, entre otros aspectos.
2.4 Organización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Hay que citar el Real Decreto 107/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de organización y
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero,
para realizar una adaptación de la normativa reglamentaria reguladora de la organización y funcionamiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social a las novedades introducidas por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Por otra parte, El RD 206/2010, de 26 de febrero, regula el traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña
en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en virtud del cual corresponde a
aquella, en el ámbito territorial y material de sus competencias, el ejercicio de los cometidos de la función inspectora, que
en todo caso comprenden:
1. La vigilancia y la exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y el contenido normativo de los
convenios colectivos, en el ámbito de la ordenación del trabajo y las relaciones sindicales, la prevención de riesgos
laborales, el empleo y las migraciones, y otras.
2. La asistencia técnica a empresas, trabajadores y otras Administraciones Públicas.
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