reserva

Puerto, con el fin de embarcarse hacia Europa para su desactivación definitiva
como compuestos tóxicos. El destino fue Amberes, en Bélgica, un país
especializado en el tratamiento de este tipo de residuos especiales.
El producto en cuestión estaba constituido por más de seis toneladas de veneno.
Se trataba de dos poderosos plaguicidas, muy peligrosos para la salud
humana y ambiental, empleados para combatir insectos, ratas y ratones.
La historia comenzó una década atrás, cuando un gobierno anterior había
comprado más de cinco mil quinientos kilos de un compuesto químico derivado
del petróleo, considerado entre los que genéricamente se denominan
“organoclorados persistentes”. En este caso, era el conocido por los especialistas
como hexaclorociclohexano (HCH). También se adquirieron más de
quinientos kilos de una sal tóxica, el sulfato de talio, que iba a ser destinada
a tareas de desratización.
Una paradójica e insólita contradicción
Al poco tiempo de la compra se constató que el material estaba vencido
antes de ser utilizado. Debido a su alta peligrosidad, la justicia ordenó disponer
transitoriamente los tambores contenedores de esos compuestos, de
doscientos litros cada uno, y almacenarlos en la zona portuaria para su tratamiento
o exportación. Increíblemente, los tambores fueron llevados a la
Reserva.
El gobierno porteño de entonces contactó a la empresa que había vendido
los productos para que efectuara su tratamiento. Pero suspicaz y misteriosamente,
la firma ya había cambiado de rubro. Luego de consultar empresas
especializadas en metodologías procedimentales ligadas a residuos
peligrosos, éstas recomendaron que el material fuera enviado a la localidad
de Zárate. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires no permite recibir
residuos peligrosos de otras jurisdicciones. Entonces se solicitó la autorización
para transportar el material a Santa Fe pero, una vez más, la normativa
vigente impidió el traslado.
Idas y venidas...
Parecía un círculo vicioso del que no era posible salir. Por un lado la Argentina,
como signataria de tratados internacionales, tiene prohibido exportar
residuos tóxicos que puedan ser tratados en el país. Pero por el otro, no pueden
desactivarse en territorio argentino por las normas que prohiben su traslado
entre distintas jurisdicciones. Sin embargo, debía resolverse el caso...
Poco después, el gobierno nacional informó que una firma hidráulica local
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