Fallo sobre venenos en Colonia Dignidad - El Mostrador

eparación íntegra del daño producido. En consecuencia, agrega, cuando el Derecho
Internacional se refiere a los delitos de lesa humanidad, alude a la imprescriptibilidad del
derecho de conocer la verdad; la imprescriptibilidad del delito y la sanción; y la
imprescriptibilidad del derecho a la reparación.
En cuanto al Derecho, el compareciente por la parte demandante civil precisa que de
acuerdo a las normas de Derecho Común, aplicables a los acusados, corresponde
fundamentar esta demanda en los artículos 1437, 2284 y 2314 del Código Civil en lo que
dicen relación con la responsabilidad extracontractual establecida en el título XXXV del
mismo cuerpo normativo .
Enfatiza que en la causa se encuentra acreditada la existencia de un actuar doloso con
nexo causal respecto del daño producido a las víctimas directas como sus parientes más
cercanos.
A juicio de la parte demandante civil está acreditada la existencia de un delito de lesa
humanidad, en el que la Administración del Estado se encuentra comprometida al
instrumentalizar a los acusados como parte del aparato represivo destinado a la
persecución de una parte de la población con la finalidad de promover el terror
principalmente por la vía del secuestro, ejecuciones extrajudiciales, torturas y amenazas.
La perversión de estos hechos, señala el compareciente, es de tal magnitud que el Estado
al cual se le encontraba confiada la integridad de los habitantes, bajo su jurisdicción,
omitió no sólo su deber de garantizar las vida de la víctima, sino que promovió , ordenó y
encubrió los asesinatos de los acusados como parte del sistema de represión montado en
contra de las personas configuradas como enemigas del régimen dentro del contexto
histórico de ataque sistemático en contra de parte importante de la población.
Aduce el actor civil que es imposible hoy, con el caudal de información reunida
judicialmente sobre las actividades de la Colonia Dignidad durante la dictadura militar,
desvincular a ésta de los aparatos de seguridad, fuerzas policiales y militares que
desarrollaron el plan de represión y exterminio desarrollado en Chile en ese período, bajo
la égida estatal.
Indica que para que la Colonia y su jerarquía pudieran desarrollar esa actividad criminal,
haciéndose parte del quehacer represivo, violatorio de los derechos humanos, sólo se
explica por la aceptación, anuencia y permisividad del aparato estatal y de sus
autoridades. Sin esa conducta, argumenta, permisiva del Estado de Chile y de sus
autoridades, no habría sido posible que la Colonia Dignidad asumiera funciones
represivas, funcionales a los propósitos de esas autoridades y de sus aparatos de
seguridad, los que obviamente no estaban orientados a tareas de bien común, sino al
cumplimiento de un plan criminal diseñado tanto a nivel regional como nacional por los
jefes de la dictadura.