Fallo sobre venenos en Colonia Dignidad - El Mostrador

Código Civil existan acciones perpetuas, de tipo patrimonial, –como la acción de partición
del artículo 1317–, o emanadas de las relaciones de filiación –como la reclamación del
estado civil del artículo 320–, o derivadas de su simple interpretación –como la de
cerramiento–, se sostenga, por el contrario, con tanta frivolidad la prescripción de las
acciones reparatorias que emanan de violaciones a derechos humanos que hieren a la
sociedad entera.
En nombre del Estado de Derecho, las acciones reparatorias, que persiguen la
responsabilidad de la Administración, cuando esta última ataca la vida, la integridad física,
la libertad de las personas, debieran tener un mayor reconocimiento que las acciones
civiles citadas. Pues, en caso contrario, a juicio del demandante civil, se estaría frente a
una vulneración palmaria a la lógica proporcionalidad que debe existir, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico, entre la jerarquía de los derechos que se dicen reconocer y los
medios jurídicos que se otorgan para ampararlos.
Indica que no resulta coherente ni justo que después de haber asentado la Corte
Suprema, en forma categórica, con fecha 28 de julio de 1987 –en el fallo "Hexagón con
Fisco", rol : 19.439– la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias en materia de
responsabilidad extracontractual de la Administración del Estado , al seguir la sana
doctrina de declarar inaplicables las normas civiles sobre la materia en el ámbito del
Derecho Público, ahora, tratándose precisamente de los juicios por violaciones a los
derechos humanos, establezca lo contrario.
Expone el demandante civil que la prescripción extintiva, establecida en el artículo 2497
del Código Civil, en favor del Estado, cuya jerarquía legal la define como una declaración
de la voluntad soberana, al tenor del artículo 1 de mismo Código, tiene como limitación
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En consecuencia , añade,
en materia de violaciones a los derechos humanos la norma anterior entra en directa
colisión con el artículo 5 inciso 2º de la Constitución y, en consecuencia, debe entenderse,
a lo menos, como “inoponible” en esta materias.
El Estado, explica esta parte, ya no puede reivindicar la soberanía como potestad para
asesinar, torturar o secuestrar y por tanto tampoco la puede esgrimir para eximirse de su
responsabilidad. La reparación a las víctimas, a través de un juicio fundado en un debido
proceso, enfatiza, también es un derecho humano que el Estado no puede desconocer
con argumentos legales propios del Derecho Privado que sólo pueden vincular al Estado
excepcionalmente en sus actividades empresariales, en que actúa en un plano de
igualdad con los particulares . Artículo 19 Nº 21 de la Constitución.
Da la parte de los actores civiles como fundamento que tal como lo establecen los
artículos 44 y 2284 del Código Civil, la responsabilidad extracontractual en el ámbito
privado, es de naturaleza sancionatoria, toda vez, que requiere para su configuración de
la concurrencia de dolo o culpa en el hecho imputable al agente ofensor.
En cambio, la naturaleza de la Responsabilidad Extracontractual del Estado Administrador
es reparatoria, toda vez , que el artículo 38 inciso 2º de la Constitución la hace
procedente respecto de cualquier persona que ha sido lesionada por la Administración del
Estado, sus organismo o por la municipalidades. Esta última responsabilidad, sólo mira a
la víctima del perjuicio sin hacer referencia alguna al dolo o culpa del victimario.
Que por otro orden señala que el Código Civil regula la responsabilidad extracontractual
en el Título XXXV, del Libro IV. Este título, añade, en ninguno de sus artículos se refiere a
la Responsabilidad Extracontractual del Estado Administrador. En consecuencia,
argumenta, y atendido el principio de juridicidad administrativa, que establece el artículo