Fallo sobre venenos en Colonia Dignidad - El Mostrador

A juicio de la parte demandante civil hubo en consecuencia entre el Estado de Chile y el
enclave alemán, una concertación de propósitos que les reportó recíprocamente
beneficios a ambos. En el plano regional, donde se inserta la Colonia, ellos quedaron
encargados del trabajo sucio, coordinados con la DINA zonal, y los alemanes en pago por
esos servicios siguieron creciendo patrimonialmente, geográficamente, sin límites
estatales posibles, configurando una suerte de Estado dentro de otro Estado, con sus
propias leyes, métodos, infraestructuras y aportando nuevas técnicas y conocimientos en
la lucha represiva, con plena libertad y bajo la aquiescencia de las autoridades estatales.
Asevera, quien comparece por parte de los demandantes civiles, que en otros términos,
en la práctica, y así lo ha demostrado la historia reciente, la Dictadura delegó su función
represiva estatal en la Colonia Dignidad, en el sector geográfico y provincial en que se
encuentra enclavada.
Razona, además, que de lo anterior deriva la responsabilidad imprescriptible del Estado,
vinculado a la fechas de los hechos no sólo por la Constitución de 1925: artículos 1; 10
Nº 10, Nº 14; y 87 sino a las concepciones ius naturalistas de la Declaración de Principios
de la Junta Militar del 11 de marzo de 1973.
En la actualidad, expresa el compareciente, la imprescriptibilidad de la responsabilidad
de la Administración del Estado es categórica.
En consecuencia, continúa, el artículo 2.497 del Código Civil no tendría aplicación en esta
materia; y lo fundamenta en que, existen razones de Derecho Público, y son que el marco
regulatorio de la responsabilidad extracontractual del Estado Administrador, se encuentra
en la Constitución Política de la República, principalmente, en su artículo 38 inciso 2º; y
en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
artículo 4º.
En consecuencia, añade, y aplicando lo establecido en la disposición cuarta transitoria de
la propia Carta Fundamental, desde la dictación de la ley 18.575, en el año 1986, nadie
podría hacer valer normas del Código Civil, de existir éstas, en materia de responsabilidad
extracontractual del Estado Administrador, por cuanto ellas se encontrarían derogadas por
mandato de la citada disposición constitucional.
Indica, por otro fundamento, que una simple lectura del artículo 19 Nº 21 de la
Constitución, en su inciso 2º, permite concluir que la legislación común aplicable a los
particulares, es decir, el Derecho Civil, rige al Estado y a sus organismos sólo en sus
actividades empresariales. Lo anterior, a su juicio, delimita el ámbito de aplicación del
Código Civil y, en particular, su artículo 2.497, en cuanto hace procedente la prescripción a
favor y en contra del Estado. En consecuencia, esta última norma, asevera, no puede ser
invocada por los exegetas del Derecho Civil respecto del resto de la Administración del
Estado, y mucho menos con el propósito de burlar justas reparaciones.
Señala que por lo expuesto, la responsabilidad de la Administración en materia de
Derechos Humanos, por el abuso de sus prerrogativas de poder público, no está regulada
por el mismo sistema que gobierna a los particulares.
Añade, por un tercer capítulo, que resulta impresentable que, aun cuando en el propio