Fallo sobre venenos en Colonia Dignidad - El Mostrador

dependiente de la responsabilidad de los agentes de éste o de aquellos que lo cometen al
amparo de éstos, aprovechándose de tal circunstancia; o bien, al concepto dado por el
derecho administrativo de falta de servicio, es decir, establecer “una mala organización o
funcionamiento defectuoso de la administración” (Pedro Pierre Arrau, “La responsabilidad
Extracontractual del Estado”, Revista del Consejo del Estado, año I, julio de 2000 Nº 1,
página 13).
Cuadragésimo Sexto: Que, también debe desecharse lo alegado por el Fisco de Chile y
demás demandados civiles, de que solamente cabe aplicar las disposiciones de los
artículos 2314 y siguientes del Código Civil, porque la Constitución de l980, como la Ley
Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, Ley 18.575, son de
fecha posterior a los hechos.
En efecto, además de lo razonado anteriormente, de lo que se concluye que las normas
del derecho común interno se aplican sólo si no están en contradicción con la fuente de
la obligación del Estado de reparar a las víctimas y a sus familiares de las graves
violaciones a los derechos humanos, obligación estatal que proviene de la Constitución, de
los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de los Principios Generales del
Derecho Internacional Humanitario, también bajo la Carta de 1925, Chile era un Estado
Constitucional de Derecho, al igual que bajo el imperio de la Constitución de l980, y le
era también exigible la congruencia de aquélla con los Tratados Internacionales y los
Principios Generales del Derecho Internacional; así Chile era, desde antes de los hechos
de autos, signatario de la Carta de las Naciones Unidas “y se encontraba vinculado por
sus decisiones y por la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus pactos
complementarios”. Y, “junto a todos los demás Estados suscribieron la DECLARACION DE
TEHERAN de l968, a través de la cual auto vincularon para ser efectivos los derechos
humanos, cuyo artículo sexto señala lo siguiente: “Los Estados deben reafirmar su firme
propósito de aplicar de modo efectivo los principios consagrados en la Carta de Naciones
Unidas y en otros instrumentos internacionales en relación con los derechos humanos y
libertados fundamentales”. A su vez, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre de l948, es claramente obligatoria y vinculante también por la remisión que a ella
efectúa el artículo 29 inciso d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o
Pacto de San José de Costa Rica. (Humberto Nogueira Alcalá – Las Constituciones
Latinoamericanas,…Anuario de Derecho Constitucional, Edición 2000, Editorial CIEDLA,
página 183).
El fundamento anterior, además de permitir el rechazo de la alegación que por este
aspecto se hace, posibilita subrayar la obligación del Estado frente a los Derechos
Humanos, en cuanto éstos, por su naturaleza jurídica, constituyen obligaciones positivas y
negativas del Estado, en tanto los derechos de la persona tienen como contrapartida los
deberes estatales, establecidos en las disposiciones constitucionales y preceptos
internacionales reconocidos y aceptados por Chile, formando parte de los Tratados y
Principios Internacionales del Derecho Humanitario, que consagran la imprescriptibilidad
de responsabilidad por estos crímenes para los que ejecutan esta especial clase de delitos
y del Estado, las que al tener tal carácter priman por sobre otra disposición. Preceptos a
los cuales el tribunal se encuentra sujeto al decidir lo sometido a su conocimiento y
resolución, pues en su función éste debe conformarse primero a la batería normativa