Fallo sobre venenos en Colonia Dignidad - El Mostrador

En el mismo sentido, indica, recientemente se ha pronunciado la Corte Suprema, en el
fallo dictado con fecha 11 de octubre de 2006, en los autos caratulados "Espinoza con
Fisco de Chile", e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Sentencia de
26 de Septiembre de 2006 en caso "Almonacid Arellano y otros v/s Chile", Causa Serie C
N° 154, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La sentencia en comento, si bien procede de un Tribunal Internacional, es idéntica se
señala, a la conclusión arribada por nuestros tribunales.
Este fallo, indica el demandado civil Fisco de Chile, relata detenidamente el contenido de
la acción planteada ante su jurisdicción por los familiares directos de don Luis Almonacid
Arellano, cuyo fin es que ese Tribunal determine si el Estado de Chile violó los derechos
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos durante los años
posteriores a 1973; tanto por haber incurrido en denegación de justicia, como por la
supuesta falta de compensaciones para los familiares de las víctimas.
Siendo éste último el punto de nuestro actual interés, destaca la compareciente que el
fallo en sus numerales 82.26 a 82.35, incorporados al título VII "HECHOS PROBADOS", se
refiere concretamente a las diversas medidas de reparación adoptadas por el Estado de
Chile frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el
Gobierno de facto, entre las cuales destaca la creación de la Comisión Nacional de Verdad
y Reconciliación (D.S. N° 355) con la entrega de su informe el 4 de marzo de 1991; la
creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (Ley 19.123),
mediante la cual se otorgaron pensiones mensuales y beneficios sociales, educacionales y
médicos en favor de familiares de victimas a las violaciones de derechos humanos o de
violencia política; la creación de las Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura,
para el esclarecimiento de la verdad acerca de quienes fueron las personas privadas de
libertad y torturadas por razones políticas en el período de la dictadura militar, que
dispone también medidas de reparación individual; la ampliación durante el año 2004 (Ley
19.980), de los beneficios anteriormente otorgados por la Ley 19.123, así como la
creación del Programa de Apoyo a los Presos Políticos que el 11 de marzo de 1990 se
encontraban privados de libertad, el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud
(PRAIS) para los afectados por violaciones a los derechos humanos, el Programa de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Retorno, el Programa
para Exonerados Políticos, la restitución de bienes confiscados o adquiridos por el Estado,
la creación de la Mesa de Dialogo sobre Derechos Humanos, la iniciativa del Presidente
Ricardo Lagos "No hay mañana sin ayer", sin olvidarse tampoco de la construcción de
varios memoriales en honor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Más adelante, el Numeral 82.34, se refiere concretamente a las reparaciones
patrimoniales recibidas por la demandante en el caso Almonacid, señalando que:
"82.34.- La señora Gómez Olivares percibió una bonificación en el año 1992, y ha recibido
una pensión mensual y tiene derecho a seguirla recibiendo de forma vitalicia. También es
beneficiaria y tiene derecho a continuar recibiendo beneficios en materia de salud. De
igual manera, los hijos de la señora Gómez Olivares y del señor Almonacid Arel/ano han