Fallo sobre venenos en Colonia Dignidad - El Mostrador

Tales prestaciones fueron claramente indemnizatorias, señala, y, fue uno de los motivos
de su dictación, la circunstancia de hallarse prescritas la mayoría de las acciones civiles
indemnizatorias.
Se tuvo, asimismo, asevera, presente que resulta altamente dudoso que corresponda al
Estado la indemnización por hechos acontecidos durante momentos muy singulares de la
historia nacional. Tales consideraciones determinaron esta forma única y especial de
reparación contenida en la ley 19.123.
Establece la ley expresamente, en su artículo 19, que la pensión podrá renunciarse. En
cambio, conforme al artículo 24 de la misma ley, la pensión que contempla es compatible
con cualquiera otra, de cualquier carácter de que goce o pueda gozar el beneficiario, o
con otro beneficio de seguridad social.
En el Informe de la Comisión de Hacienda, de que dio cuenta a la Sala el Diputado Sr.
Palma, se dice lo siguiente:
"Las indicaciones más relevantes se refieren a la pensión, que puede ser renunciable con
el objeto de facilitar la obtención de otros beneficios por alguno de los virtuales
beneficiarios, el cual podría perjudicarse por el hecho de hacer obligatoria su percepción".
El informe parlamentario no pudo referirse a que la renunciabilidad era para permitir la
percepción de "otras pensiones", con las cuales los beneficios de la ley son compatibles,
sino que necesariamente se refirió a otras eventuales pretensiones pecuniarias de las
personas beneficiarias de la ley, que optaran por no acogerse a ella, precisamente a fin de
ejercer acciones sobre derechos incompatibles con aquellos.
Desde el momento en que los actores hayan optado por percibir los beneficios de la Ley
19123, a juicio de la compareciente se extinguió de ese modo su eventual acción en
contra del Fisco.
En el debate parlamentario está claro que en todo momento se entendió que los
beneficios de la ley se estaban otorgando sobre la base de que a quienes recibieran la
indemnización, se les reparaba el daño que habían sufrido como consecuencia de las
violaciones de los derechos humanos y en ningún caso se planteó la posibilidad de que
hubiera una reparación adicional posterior.
El mecanismo indemnizatorio establecido por la ley, es sin duda, especial y trasunta un
sistema que el Estado asume voluntaria y directamente en favor de estas personas, para
la reparación de daños morales.