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Wilson Miño Grijalva
inicio de un proceso de acceso a la tierra mediante la conformación de una organización
social: la cooperativa. Aunque en un comienzo se utilizaron las denominadas juntas de
asociados la gura cooperativa representó el marco jurídico ideal de transformación
económica y social por intermedio de la compra a plazos. La legitimidad de la propiedad
privada de la hacienda comenzaba su desmoronamiento y este tipo de ejemplos con
el tiempo comenzó a propagarse regionalmente. La intervención jurídica del Estado
ocurriría en forma inmediata.
En octubre de 1937, asume la Jefatura Suprema el General Alberto Enríquez Gallo, con
clara inuencia de ideas socialistas siendo su Ministro de Previsión Social, Víctor Gabriel
Garcés. En once meses, el gobierno de Enríquez Gallo aprobó reformas trascendentales
y revolucionarias para la sociedad ecuatoriana de nes de los años 30, representadas por
las siguientes: Ley de Cooperativas, Ley de Comunas, Código del Trabajo, Ley de Educación
Superior y Ley Orgánica del Banco Central. Leyes y políticas esencialmente sociales. Este
nuevo marco jurídico institucionalizó los conictos urbanos y campesinos y viabilizó
las reivindicaciones sociales en el marco del arbitraje estatal. Asimismo, el gobierno de
Enríquez obligó a las empresas mineras extranjeras a pagar impuestos al Estado ecuatoriano.
Este gobierno marcará un momento de ruptura histórica al asumir el reconocimiento
de los derechos colectivos del pueblo indígena y de los sectores obreros y campesinos.
En efecto, el Estado-nacional reconocerá jurídicamente la propiedad social después de
más de 130 años de supresión realizada por los gobiernos criollos y liberales de la guerra
independentista, que decretaron el predominio de la propiedad individual y la ilegalidad
de la colectiva. Sus objetivos fueron mucho más allá de un programa de reformismo
modernizador.
En este contexto de expedición de leyes de contenido social no todas disponen de un
nivel de igualdad en su importancia. Las cooperativas durante este período representan
el modelo de desarrollo social alternativo al cual impulsa jurídicamente la dictadura
de Enríquez para el desarrollo indígena, por sobre la Ley de Comunas. Idea que tiene
gran acogida en los propios partidos de izquierda de la época, ya que se considera a
las cooperativas como instrumento esencial de transformación de las estructuras
tradicionales. 49 Esta visión tendrá una gran proyección en el futuro cooperativo del
Ecuador cuando se dena la estrategia de reforma agraria.
La organización de más de mil comunas indígenas, con los respectivos Cabildos,
la política de liquidación de latifundios, mediante la expropiación y parcelación de
8.113 hectáreas de tierras cultivables y la adjudicación de 12.630 hectáreas de tierras
baldías, 50 representaron para el Ecuador de esos años un viraje revolucionario en el
49 M. Cristina Farga Hernández y José Almeida Vinueza, Campesinos y Haciendas de la Sierra Norte,
Otavalo, Instituto Otavaleño de Antropología, 1981, p. 218
50 Memoria que el señor General G. Alberto Enríquez G., Jefe Supremo de la República presenta a la Honorable
Asamblea Nacional Constituyente sobre las labores desarrolladas en su administración, Quito, Imprenta del
Ministerio de Gobierno, 1938, p. 47, en Héctor Coral Patiño, Vida y obra del Señor General Alberto Enríquez
Gallo, Quito, Banco Central del Ecuador, 1988, p. 447. La Ley de Comunas fue de tanta importancia que
en 1939 fue derogada pero reinstaurada en 1944, después de la revolución del 28 de mayo.