El valor de la palabra que nos humaniza - Revista Pensamiento Penal

Anexo
lidad de obtención de otros beneficios jurídicos, como la suspensión de la
condena, la libertad condicional, o el indulto de la pena.
Por otro lado, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En el Art.
44, establece la competencia de los juzgados de Violencia sobre la mujer
en la jurisdicción civil y penal y, en su apartado 5º, veta la mediación en
fase de instrucción. Sin embargo, dejando la puerta abierta en las demás
fases del procedimiento. Así como, el hecho que la calificación de violencia
doméstica o de género está sujeta a la discreción de los jueces.
La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de Junio, de medidas de reforma
para el cumplimiento íntegro de las penas. Es un nuevo impulso a la reparación
dentro del derecho español. Ha supuesto la modificación de los art.
76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el 92 del Código Penal a la
hora de exigir la reparación del daño como condición para la progresión
al tercer grado penitenciario y para la concesión de la libertad condicional
del penado. Hasta este momento, los intereses de la víctima en la ejecución
de la sentencia, no se habían tenido en cuenta. Aunque la mayor
aportación ha estado con la modificación del art. 91.2 CP. Esta induce un
nuevo supuesto excepcional respecto al avance de la libertad condicional
en caso de participación efectiva en programas de reparación a la víctima
o de tratamientos de desintoxicación.
Por su parte, la ley Orgánica 15/2003, de 25 de Noviembre trata la
pena de trabajo en beneficio de la comunidad, al dotarla de contenido
reparador, mediante la referencia del art. 49CP a “tareas de reparación de
los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas”, convirtiendo
así a esta pena en un espacio propicio para la reparación simbólica o indirecta.
Aunque en nuestro sistema no se prevé el principio de oportunidad
por lo que, una vez se conozcan hechos que sean o puedan ser constitutivos
de delito, continúa adelante la acción pública, en determinadas
situaciones, el juez o tribunal en aplicación del principio de intervención
mínima, puede archivar aquellas infracciones de escasa trascendencia
penal en las cuales el actor haya compensado los efectos negativos
mediante una reparación acordada voluntariamente, con plena satisfacción
del perjudicado.
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