32ª SESION (C.SS.).p65 - Poder Legislativo

496-C.S. CAMARA DE SENADORES
5 de agosto de 2008
Ley N° 14.411, de 7 de agosto de 1975. Proyecto de ley del
Poder Ejecutivo. Distribuido N° 567/2005. Anexada a Carpeta
N° 442/2005. Industria de la Construcción. Régimen de
aportación. Se modifica el Decreto-Ley N° 14.411, de 7 de
agosto de 1975. Proyecto de ley del señor Senador Julio C.
Lara Gilene. Distribuido N° 688/2005. Se decide tratar el
proyecto del Poder Ejecutivo y considerarlo en próxima
reunión de la Comisión. __________________________
RESOLUCION: _________________________________
Se resuelve no sesionar hasta que finalice la Rendición de
Cuentas. ______________________________________
A la hora diecisiete y quince minutos se levanta la sesión.
Para constancia se labra la presente Acta que, una vez
aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria
de la Comisión. _________________________________
Gabriela Gazzano
Secretaria.”
Víctor Vaillant
Presidente
(No se incorpora el Anexo I por estar comprendido en el
Repartido Nº 812/08)
SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.
(Se lee)
-En discusión general.
Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador
Cid.
SEÑOR CID.- Estamos proponiendo al Cuerpo la aprobación
de un proyecto de ley que regula el trabajo de peones
prácticos y obreros no especializados en obras efectuadas
por el Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos
y Servicios Descentralizados.
Este proyecto de ley tuvo iniciativa en la Cámara de
Representantes; fue presentado en setiembre de 2006 a la
Comisión respectiva y luego pasó al Senado, donde la
Comisión lo estudió y ahora plantea su ratificación en esta
Cámara.
Los orígenes de este proyecto de ley están en la Ley
Nº 10.459, de diciembre de 1943, que, en sus alcances,
regulaba y establecía los criterios para la ubicación de los
peones prácticos y no especializados en las obras del
Estado. Esta iniciativa mejora lo dispuesto por aquella ley,
actualizándola. ¿Cuáles son los objetivos de vincular las
obras del Estado con la inclusión de peones prácticos y
obreros no especializados? La búsqueda de una mayor
equidad en las oportunidades de trabajo. Este es un primer
gran objetivo, pero también está el de la inclusión social
atendiendo la necesidad de lograr, a través del trabajo, la
inclusión de amplios sectores sociales hoy excluidos. A su
vez, se ratifican algunas de las posturas que ya fueron
votadas y que tenían estado de ley, pero que aún no habían
sido sancionadas, como la inclusión de grupos de
discapacitados o de excarcelados bajo la esfera del Patronato
de liberados -que hoy, por esta vía, tendrían una
cuotificación- y el establecimiento de sanciones para aquellos
que no acaten esto, lo que entendemos como un capítulo
muy importante.
El otro aspecto a tener en cuenta es la descentralización
que se plantea, otorgándole al ámbito departamental y local
una incidencia directa en la regulación de este tipo de
trabajos que, sin duda, trae de la mano la posibilidad de
reactivación local mediante el contrato de mano de obra
afincada en la zona.
Además, hay que destacar la búsqueda de transparencia
y objetividad de un Gobierno que tiene varios Gobiernos
Departamentales y que, por vía de la ley, trata de evitar que
ciertas prácticas políticas sean las predominantes, promoviendo
el empleo de criterios objetivos para la inclusión de
sectores de trabajadores en las obras del Estado.
Los cambios que se introducen al régimen vigente son
los siguientes. En primer lugar, se amplía el ámbito de
aplicación de la ley, por cuanto se incorporan los servicios
descentralizados y las personas públicas no estatales, extendiendo
prácticamente a todo el Estado estas posibilidades
de inclusión.
En segundo término, se define con mayor precisión el
objeto de la norma: satisfacer con mano de obra local la falta
de personal permanente, cuando se requieran por lo menos
siete jornadas efectivas de labor.
Asimismo, a la categoría de peón no especializado se
suma la de peón práctico, y deja abierta la posibilidad de
incluir otras categorías laborales cuando haya consenso
entre los sectores de empleadores y trabajadores.
Por otra parte, se reduce el número de integrantes de las
comisiones departamentales y se incluye la participación
de los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo y
Seguridad Social, así como de las Intendencias Municipales
y el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Cabe
destacar esta inclusión, que nos parece esencial para la
rehabilitación de aquellas personas excarceladas con voluntad
de trabajo.
Por otro lado, se establece la obligación a la empresa de
comunicar la demanda de este tipo de personal, se instituyen
condiciones laborales mínimas y se establece a texto
expreso que dichas condiciones laborales tendrán que estar
en consonancia con los Consejos de Salarios y convenios
colectivos del sector. En este punto aparece otro
elemento importante, como es que se actualizan las multas
aplicables a las empresas infractoras de la ley, con lo cual