32ª SESION (C.SS.).p65 - Poder Legislativo

5 de agosto de 2008
CAMARA DE SENADORES
C.S.-469
que se están yendo profesionales de otras materias. No es
el caso de los abogados -pues somos bastante domésticos,
podríamos decir-, pero sí de los ingenieros de las más
diversas ramas, de los arquitectos, etcétera. En lo personal,
me pregunto si en la iniciativa debe incluirse este aspecto,
o si acaso no debería abrirse un debate más amplio y
profundo, como me parece lo requiere un tema de estas
características y de esta gravedad, al que ninguna Administración
de Gobierno es ajeno. Resulta evidente que el fenómeno
de la emigración no se detiene, pues más allá de que
cambien -o no- los gobiernos, los uruguayos se siguen
yendo, y lo peor de todo es que cada vez se van más jóvenes
y mejor preparados. Esta es una situación dramática que
todos sentimos más o menos con la misma intensidad.
Entonces, tengo dudas en cuanto a que el mecanismo que
aquí se establece sea el más adecuado para este tipo de
cosas.
Por supuesto que es muy fácil hablar sobre la necesidad
de crear las condiciones necesarias para que los uruguayos
se queden aquí; en realidad, esto forma parte de un discurso
que tenemos todos los actores políticos. Pero la verdad,
reitero, es que tengo serias dudas acerca de que, estableciendo
esta prohibición -porque, en definitiva, es eso-, se
logre revertir la situación, sobre todo teniendo en cuenta
que se está igualando a toda la gente, a quienes han pagado
por su educación y a quienes no lo han hecho, y cuya
formación, en realidad, ha sido pagada por todos nosotros
a través de los impuestos. Entonces, desde este punto de
vista, no creemos que sea justo medir a todas las personas
con una misma vara.
Además, hay que tener en cuenta que las residencias se
van a cumplir no sólo en el subsector público de la salud,
sino también en el subsector privado.
Por mi parte, dejo planteadas estas reflexiones, no como
integrante de la Comisión de Salud Pública -porque, de
hecho, no integro esa Comisión-, sino como Senador de este
país, que siente con la misma intensidad que todos la
gravedad de uno de los problemas más serios que padece el
Uruguay. Recordemos que entre los que nacen, los que
mueren y los que se van, estamos condenados a un envejecimiento
brutal y, además, ¡qué futuro nos espera, cuando
se van los más capaces de nosotros! ¡Vaya si tenemos que
ponernos a pensar en todo esto!
Sinceramente, no me gusta prohibir, por lo que entiendo que
frente a esta situación, habría que crear otras condiciones.
Por todas estas razones, no voy a acompañar con mi voto
el artículo 17 del proyecto de ley, aunque sí el resto de la
iniciativa.
SEÑOR ARANA.- Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.
SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: voy a votar este
proyecto de ley con mucho entusiasmo y también con
orgullo, pues si bien es verdad que no constituye la forma
perfecta o ideal de posibilitar que mucha gente permanezca
en el país, entiendo que es una manera nada irrelevante de
ayudar a un cambio sustantivo en la situación que estamos
viviendo actualmente.
Es cierto que mucha gente se va del Uruguay porque
tiene posibilidades de hacerlo, gracias a las condiciones de
su propia familia. También es cierto que quienes se están
beneficiando con una enseñanza, gratuita, libre y sin impedimentos
-esto ocurre no sólo en las universidades privadas,
sino también en las públicas-, provienen de familias de
sectores medios y elevados. A todo esto debemos agregar
una formación de posgrado que pueda brindar capacitación
y estímulo a aquellos que tengan la posibilidad, así como la
inteligencia y el tesón necesarios para poder continuar y
culminar sus estudios.
Además, hay que pensar en las enormes cifras que se
destinan para que los universitarios puedan obtener sus
cursos; en este sentido, las cifras mencionadas por el señor
Senador Gamou son sumamente elocuentes. Evidentemente,
se trata de verdaderas sangrías económicas anuales,
relacionadas con recursos que se están destinando a la
formación de nuestros jóvenes. Entonces, es lógico pensar
en una mínima retribución o compensación a aquello que se
recibe. A su vez, aquí hay una propuesta democratizadora,
ya que no se trata de los grupos poblacionales que vienen
de los sectores obreros o de gente que en el ámbito rural
está realizando tareas vinculadas a la producción del campo.
Creo que esta es una razón más para tratar de compensar
esta apuesta no solamente técnica, sino también
democratizadora, con una legislación que tienda a la justicia
y a la equidad.
Insisto en que esta no es la solución perfecta o ideal,
pero estoy convencido de que sí constituye una solución
nada irrelevante para que la situación actual pueda mitigarse
y, quizás, llegar a revertirse.
Por otra parte, quisiera referirme a un aspecto que reconozco
puede ser discutible, y que tiene que ver con lo
siguiente. En el caso de aquellas personas que se están
preparando en entidades privadas -estamos hablando de
una cantidad muy minoritaria si la comparamos con la de
quienes se están formando en la Universidad de la República-,
de pronto algo de lo que aquí estaremos votando podrá
significar alguna variante. Pero recordemos que, en términos
generales, muchos de nosotros recibimos una educación
en forma gratuita, con un costo absorbido por la
totalidad de la población, incluso por aquellos sectores que
ni siquiera manejaron la posibilidad de que sus hijos siguieran
una carrera universitaria. Entonces, a esto debemos
agregar la opción de que aquella persona que recibe un
título universitario pueda continuar sus estudios también
gratuitamente, durante tres o cuatro años más, en una
formación específica. Y durante todos esos años, esos