32ª SESION (C.SS.).p65 - Poder Legislativo

5 de agosto de 2008
CAMARA DE SENADORES
C.S.-449
tante lo cual surgieron determinadas dudas -que luego
examinaremos- que motivaron algunas modificaciones.
La instalación de los desfibriladores externos automáticos
es un procedimiento relativamente novedoso en el
mundo -aunque ya tiene algunos años- en cuanto a su
concepción. ¿Para qué sirven? Para auxiliar a los pacientes
afectados de un paro cardiorrespiratorio. ¿Quién maneja
estos equipos? En general la población civil, no necesariamente
con formación médica o de enfermería. ¿Por qué la
necesidad de implementar estos dispositivos terapéuticos
en áreas de la sociedad civil con alta concurrencia de
público? Porque el paro cardiorrespiratorio es la principal
causa de muerte en el mundo; tanto es así que, debido a la
demora en la reanimación, sobrevive una de cada veinte
personas pues cada minuto que se pierde en la reanimación
disminuye la posibilidad de supervivencia en un 10%. Esto,
que es una realidad estudiada en el mundo entero, también
lo es para nuestro país, donde el porcentaje de supervivencia
por paro cardiorrespiratorio es significativamente bajo
debido -pese al progreso revolucionario que representa la
introducción de las emergencias médicas móviles- a las
demoras que se acentúan en virtud del incremento del
tránsito automotor.
Colocar estos equipos próximos a los puestos de reanimación,
en el mundo entero ha representado un cambio
significativo y así lo demuestran los resultados de avanzada
en Estados Unidos, por tomar como referencia un lugar
donde el estrés es un factor detonante del paro
cardiorrespiratorio. Concretamente, me refiero a la experiencia
desarrollada en los casinos de Las Vegas, donde se
alcanzaron niveles de supervivencia que rondan el 70% y el
80%, lo que es una cifra realmente histórica y revolucionaria
en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio.
El requerimiento de que las técnicas de desfibrilación
externa automática sean llevadas adelante por la sociedad
civil significa un paso cualitativo importante porque, por
ejemplo, las grandes superficies -o las aeronaves que transitan
sobre el océano, cuyo tiempo de aterrizaje sería extraordinariamente
prolongado como para poder dar asistencia
correcta- hacen que el entrenamiento sea una de las
claves esenciales para esta práctica, que no debe considerarse
de carácter médico, sino como de asistencia al paciente
en paro cardíaco. Los operadores de estos equipos, que
tratan la fibrilación ventricular por la aplicación de energía
eléctrica sobre el tórax del paciente, deben tener una cobertura
legal, que es justamente lo que se establece en este
proyecto de ley.
Ahora bien, en la anterior Legislatura, personalmente
presenté en la Comisión de Salud Pública la iniciativa de que
los Legisladores recibiéramos entrenamiento en las prácticas
de reanimación cardiorrespiratorias. Tal como recordarán
los señores Senadores, por aquellas fechas en este
mismo Cuerpo tuvimos la experiencia de asistir a un colega
debido a esta afección, a quien debimos reanimar en la
propia Sala. Por eso nos parece que, como mancha de aceite
que va involucrando a la sociedad, la posibilidad de entrenar
a los Legisladores en la reanimación cardiorrespiratoria,
tiene también un sentido de señal pública. Así fue
como recibimos entrenamiento y, quienes no eran médicos,
poco menos que en un par de horas estuvieron entrenados
para llevar adelante esta práctica de reanimación utilizando
el desfibrilador externo automático. El tiempo que la
American Heart Association establece como necesario para
lograr el entrenamiento de la sociedad civil en estas técnicas
de reanimación se ubica en las cuatro horas pero, en mi
opinión, se puede lograr en menos tiempo pues en la práctica
hemos visto que gente que no tenía ningún contacto
con la medicina aprendió rápidamente el manejo de estos
equipos.
Señor Presidente: este es el sentido del proyecto de ley
en el que se establecen algunos de los criterios que vamos
a resaltar.
A continuación, vamos a hacer referencia a los cambios
que realizamos al proyecto de ley aprobado por la Cámara
de Representantes. Por ejemplo, la Comisión de Salud Pública
del Senado entendió que se debía establecer una
gradualidad en la colocación de estos desfibriladores externos
automáticos, porque antes se debe pasar por una fase
de estudio y determinación de los lugares adecuados para
su instalación, pero también debe darse un tiempo para el
entrenamiento de las personas. La redacción anterior proponía
la instalación inmediata de estos equipos en todas las
grandes superficies y en todos los lugares que los requerían
en función del número de personas eventualmente cubiertas
por esta metodología asistencial. Es así que el primer
cambio se propone en la última frase del artículo 1º, relativo
a la disponibilidad de desfibriladores externos automáticos.
Allí se determina la instalación: “de acuerdo a la gradualidad
que el Ministerio de Salud Pública determine”. Precisamente,
entre otras razones, la gradualidad está dada por la
necesidad de entrenar a los operadores, de importar los
equipos y por las disponibilidades económicas que, por
cierto, no van a ser todas iguales en función de los espacios
de que se trate.
Por otra parte, también se proponen cambios para el
artículo 2º, donde se establecía una relación entre el número
de potenciales asistentes y las grandes superficies, fijando
la instalación de un desfibrilador externo automático cada
mil personas. Entendimos que no era conveniente contemplar
esa relación numérica y que el tema merece un estudio
más acabado, precisamente porque las cifras que se manejaron
en la Cámara de Representantes corresponden a otros
países -tal como lo expresó el señor Diputado Gallo cuando
compareció a nuestra Comisión- y tal vez no se ajustan
adecuadamente a lo que puede ocurrir en el nuestro.
A su vez, se plantean situaciones particulares, como por
ejemplo el hecho de que las líneas de aeronavegación deban
contar con desfibriladores externos automáticos, cuando
sabemos que no es ese el número de concurrentes que
pueden ser atendidos.