32ª SESION (C.SS.).p65 - Poder Legislativo

5 de agosto de 2008
CAMARA DE SENADORES
C.S.-497
nos aseguramos -por lo menos, así lo creemos- que los
objetivos que persigue el proyecto de ley serán alcanzados.
También se establece la creación de una comisión asesora
que remite conceptualmente al Convenio Nº 159 de la
OIT, ratificado, y a la Ley Nº 18.094, de enero de 2006, que
impone la obligación de cuotificar y generar puestos de
trabajo a las personas con discapacidades.
Por estas razones, la Comisión de Asuntos Laborales y
Seguridad Social trae a la consideración del Cuerpo este
proyecto de ley que, por cierto, es breve, pero que establece
un ámbito de aplicación y el objeto, que es justamente
proveer mano de obra local ante la demanda de personal no
permanente.
En el artículo 3º se prevé la instrumentación de este
régimen; en el 4º, la integración de las comisiones; en el 5º,
la obligación de anunciar los sorteos, que serán los sistemas
objetivos que validarán la posibilidad de ingreso de
esos trabajadores; en el 6º, el registro de aspirantes, disponiendo
como norma más allá de las fronteras temporales un
radio de 100 kilómetros para poder acceder a ese sorteo; en
el 7º, la posibilidad de elegir los representantes para el
sorteo; en el 8º, el orden de prelación de los sorteos; en el
9º, la lista de espera; en el 10, las impugnaciones; en el 11,
la obligación del Estado; en el 12, la obligación de las
empresas; en el 13, la obligación de aplicación, formas de
contratación y salarios; en el 14, las sanciones; en el 15, la
derogación de la Ley Nº 10.459, de diciembre de 1943; en el
16, la vigencia de la ley que será a partir de su promulgación;
y, finalmente, en el 17, la reglamentación por parte del Poder
Ejecutivo en un plazo de 90 días.
Es cuanto tenía para informar.
SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.
SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el Partido Colorado
va a votar en contra de este proyecto de ley, porque presenta
una serie de inconvenientes importantes derivadas básicamente
de que desconoce la realidad. La realidad dice, en
el Uruguay y en todo el mundo -pero sobre todo en nuestro
país, que es el que conocemos-, ninguna empresa que
consiga personal local, lo trae de otro lado, salvo casos muy
especializados. Dicho de otra manera, ninguna empresa
manda de Montevideo peones o personal no especializado,
ni siquiera algunos especializados, si los consigue en el
lugar, porque tiene que pagar un viático especial, otorgar
licencias especiales, conseguir una casa para alquilar u
hotel, pagar los pasajes, por lo menos para el regreso de los
fines de semana o cada quince días, etcétera, etcétera,
etcétera. Nadie va a aumentar los costos de esa manera y
cualquier empresa seleccionará solamente a determinadas
personas porque claramente ello implica cierto beneficio o
mayor eficiencia en el trabajo. A su vez, la selección de
personal por parte de empresas privadas, se supone, se
hace en base a criterios de eficiencia y no de amiguismos,
si éste fuera el caso, la empresa seguro que va a la quiebra.
En consecuencia, el proyecto de ley parte de un supuesto
errado, que no corresponde. Pero, además de transformarse
en ley, implicará una disminución en la calidad y un
aumento de costos, todo lo cual indefectiblemente se traslada
al sector público, que es el que la ley obliga a realizar
este tipo de contrataciones en sus obras.
En el artículo 2º del proyecto no sólo se habla de peones
prácticos y obreros no especializados, sino que en el inciso
segundo se dice que se podrán incluir otras categorías
laborales cuando así lo acuerden los representantes de los
trabajadores y empresarios en la Comisión integrada de
conformidad con lo que establece el artículo 4º de la presente
ley. Al mismo tiempo se establece que, de no mediar
acuerdo, que puede ser una situación común, se estará a lo
que resuelvan los representantes políticos de esa Comisión,
que son los demás. Realmente, señor Presidente,
podemos estar ante la posibilidad de que se presenten
casos en los que las empresas tomen sus precauciones en
los contratos y establezcan las salvedades en materia de
calidad y garantía, justamente en la obra pública. A mi no me
caben dudas, los costos aumentarán y la cantidad puede
caer.
Para no aburrir, me voy a referir simplemente al tema del
sorteo y de los plazos, mecanismo que en mi opinión lo que
hace es dilatar el comienzo de las obras cuando, como todos
sabemos, y en especial en las empresas públicas, existe un
enorme apuro por iniciarlas: termina el proceso licitatorio y
en el mismo momento se está presionando para empezarlas,
si es posible, en el día siguiente. Sin embargo, de aprobarse
este mecanismo, se entorpecerá el proceso, por cuanto es
necesario hacer un sorteo, instrumentar un llamado, etcétera,
etcétera, etcétera. Pero además, parece un poco mucho
-si se me permite la expresión- establecer cómo se determina
el sorteo en el cien por ciento de los casos. En mi opinión,
no parece razonable, sobre todo si se quiere dar prelación
a una lista proporcionada por los organismos públicos; por
lo tanto, estoy seguro de que esto no es lo adecuado. De
todas las prelaciones, la única que claramente amerita su
inclusión expresa -es sólo el 5%- es la que involucra a las
personas liberadas que se encuentran registradas en la
bolsa de trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y
Liberados. En cambio, establecer cómo se va a tomar el
personal en el cien por ciento de los casos claramente es
desconocer cosas elementales. Hasta un peón no especializado,
hasta un práctico, como bien se señaló, tienen determinado
rendimiento; dicho de otra manera: se presentan
problemas. Y la pregunta es: ¿qué sucedería si en esta lista
aparecieran mujeres? ¿Las mujeres van a cavar zanjas? ¿Van
a subir y bajar de los camiones materiales que pesan varias
decenas de kilos?
Me parece que una norma de este estilo presenta enormes
problemas como para votarla con carácter general. Es