El poder local - Academia Europea de Ciencias y Artes

2. El Marco Teórico de la Gestión Pública
Descentralizada
El análisis económico de la gestión descentralización tiene una amplia tradición
en la literatura académica desde el trabajo seminal de Tiebout (1956).
Desde entonces ha predominado en la doctrina hacendística el enfoque musgraviano
1 , formalizado en este ámbito por Oates (1977). Básicamente, y como
es de sobra conocido, este enfoque sostiene que los gobiernos descentralizados
deben limitarse a suministrar a la población bienes y servicios públicos cuyo
ámbito de influencia coincida en términos generales con el tamaño de su jurisdicción,
dejando el resto de las funciones del sector público (redistribución de
la renta, estabilización de la Economía y fomento del crecimiento y desarrollo
económico) en manos del gobierno central.
Sin embargo, este enfoque normativo de la teoría del federalismo fiscal ha
sido cuestionado sobre la base de dos líneas de crítica. Por una parte, se le ha
atribuido una cierta confusión entre fines y medios (Casahuga, 1978). Por otra
parte, desde los defensores de las teorías de la elección pública, se le ha achacado
un olvido del papel de las instituciones y de los efectos ambiguos que los
agentes internos del sector público pudieran originar en un marco descentralizado.
A lo largo de esta sección repasaremos someramente los principales argumentos
teóricos que la literatura económica ha venido consolidando y que, de
alguna manera, sirven de respaldo intelectual al desarrollo de los poderes
locales.
2.1. Ventajas e Inconvenientes de la
Descentralización: La Descentralización Óptima
1 Véase originalmente Musgrave (1959).
El punto de partida tradicional para el análisis de la descentralización del
gasto es el esquema funcional normativo musgraviano, según el cual el sector
público «debe» intervenir en economía principalmente para dar réplica a aquellas
situaciones en las que los fallos del mercado impiden alcanzar los objetivos
de eficiencia, equidad y estabilidad macroeconómica deseables para alcanzar el
máximo de bienestar social.
En este sentido, es conocida la distinción entre intervenciones asignativas,
tendentes a proveer bienes y servicios públicos, corregir externalidades y afrontar
en general situaciones que provocan ineficiencias tales como ausencia de
mercados o presencia de monopolios naturales, redistributivas, dirigidas a alterar
la distribución de la renta emanada del mercado en un sentido más igualitario
con objeto de alcanzar metas de equidad y estabilizadoras, encaminadas a
cubrir objetivos de tipo macroeconómico, tales como la lucha contra el desempleo
y la inflación, el equilibrio en la balanza de pagos o el crecimiento
económico.
Desde una óptica espacial, un primer problema consiste en analizar si este
tipo de intervenciones deberían ser afrontadas por un único gobierno centralizadamente
para todo el territorio, o, por el contrario, sería razonable proceder
a efectuar algún grado de descentralización, de modo que hipotéticos gobiermodelos
de gestión y financiación de los servicios públicos locales 15