El poder local - Academia Europea de Ciencias y Artes

la esfuerzo fiscal, dados los niveles de corresponsabilidad alcanzados por los
gobiernos locales. Por otra parte, deberían ir eliminándose las singularidades y
debería ampliarse el período de vigencia de la fórmula al objeto de ir suprimiendo
progresivamente mínimos garantizados. A ello habría que añadir el
despliegue definitivo de las Participaciones en Ingresos de las Comunidades
Autónomas (PICAs), una vez se está consolidando competencial y financieramente
el nivel autonómico de la Administración, si bien ello presenta dificultades
derivadas de la metodología con la que históricamente se han producido
los traspasos de competencias del nivel central al autonómico. Efectivamente,
si asumimos que la financiación autonómica deriva de la aplicación del método
del «coste efectivo», según el cual a las Comunidades Autónomas se les garantizaba
una financiación que les permitiera satisfacer las necesidades asociadas
a las competencias transferidas con un nivel de cobertura idéntico al que
venía realizando el gobierno central, deberíamos reconocer que a las Comunidades
Autónomas les resultará conceptualmente difícil detraer recursos propios
para dotar fondos regionales de financiación local (PICAs), a menos que
esto se haga a expensas de la financiación de los servicios cuya gestión tienen
encomendada.
La opción innovadora
Hasta aquí hemos visto algunas opciones de reforma del sistema de financiación
local que no cuestionan el armazón general del modelo, o, dicho en
otros términos, que resultan coherentes con la filosofía sobre la que se basa la
LRHL. En este epígrafe vamos a plantear algunas alternativas más «rupturistas»,
en el sentido de que su implantación implicaría modificar sustancialmente
las bases de financiación del conjunto del sector público territorial. La
idea-base de partida es que en la medida en que todas las Administraciones Territoriales
forman parte del mismo Sector Público y las fuentes de las que se
puede obtener recursos son limitadas (en última instancia todos los impuestos
gravan en una u otra medida la renta, el consumo o la propiedad) los rendimientos
de las grandes figuras tributarias (básicamente IRPF e IVA) deberían
ser compartidas por todos los niveles de gobierno.
Puestos ante esta tesitura y siguiendo algunas experiencias internacionales
de países de nuestro entorno, sería preciso como punto de partida adoptar algunas
decisiones clave sobre las diversas opciones que nos podemos plantear.
Dos son, en este sentido las preguntas más relevantes:
¿Debe el sistema financiero local profundizar en la corresponsabilidad
fiscal o por el contrario esto llevaría a abrir un proceso de competencia
fiscal indeseable a escala local
¿Debe la Administración Central en un contexto de federalismo fiscal seguir
siendo la principal responsable de garantizar la suficiencia financiera
de los gobiernos locales o debería incrementarse la responsabilidad en
este campo de las Comunidades Autónomas
De la repuesta que se dé a ambas preguntas dependerá el esquema de financiación
más adecuado. Así, si nos sintiéramos preocupados por la competencia
fiscal y sus posibles derivaciones en materia de reducción de la presión fiscal local
56 y el consiguiente riesgo de sostenibilidad de los servicios públicos no deberíamos
permitir que los gobiernos locales tuvieran capacidades normativas
relevantes sobre tributos importantes. Ese parece ser, por ejemplo, el caso alemán,
donde los municipios participan de la recaudación de las principales fi-
56 Recuérdense en este punto los argumentos esgrimidos
en la sección 2.1 y, más en particular los expuestos en
Brennan y Buchanan (1980) y su contrastación empírica
en las referencias contenidas en la nota 9 anterior.
72 modelos de gestión y financiación de los servicios públicos locales