El poder local - Academia Europea de Ciencias y Artes

azonablemente deberían ser suministradas en su territorio. Este argumento
viene a menudo ligado a la provisión de los denominados bienes preferentes o de
mérito, que por razones de equidad deberían ser distribuidos, en un contexto
de hacienda normativa, de manera uniforme a lo largo del territorio nacional, o
cuanto menos esta uniformidad debería alcanzar un nivel mínimo prefijado.
Garantizar el cumplimiento de este objetivo implicaría instaurar un sistema de
subvenciones condicionadas desde el nivel superior de la administración. Alternativamente,
el deseo de imponer preferencias podría estar relacionado con los
objetivos macroeconómicos que se deseen alcanzar, en materias tales como el
logro de un desarrollo equilibrado entre los distintos territorios o la fijación de
un volumen global de déficit para el conjunto de las administraciones públicas.
En el primer caso una vez más sería necesario un sistema de subvenciones condicionadas
dirigido a la formación de un cierto stock de capital en aquellos territorios
cuyos indicadores de desarrollo se encontrasen notoriamente por debajo
del nivel considerado estándar, mientras que en el segundo lo más adecuado
sería quizás incorporar alguna restricción al endeudamiento en la fórmula de
distribución del sistema de subvenciones generales o no condicionadas, con objeto
de incentivar la prudencia a la hora de utilizar el endeudamiento como recurso
financiero local. Finalmente, podría suceder que la intención del ente
subvencionador fuese corresponsabilizar al subvencionado, bien en la realización
de proyectos de interés común para ambas administraciones (lo cual podría
conectar una vez más con el tema de las externalidades), o con el objetivo
de compartir los costes de impopularidad que supone el hacer uso de la potestad
tributaria de los organismos públicos. En el primer caso, lo ideal sería instaurar
un sistema de subvenciones condicionadas compensatorias, de modo que
el ente subvencionador sólo financiase una parte del proyecto de interés común.
Por su parte, en el segundo supuesto sería más razonable utilizar un esquema
de subvenciones generales no condicionadas en cuanto a su destino, pero
sí relacionadas con alguna medida del esfuerzo fiscal propio realizado por los entes
subvencionados.
Por último, cabría retomar el último argumento expuesto en el epígrafe anterior,
según el cual el propósito de las transferencias sería cubrir una hipotética
brecha entre las necesidades de gasto de la entidad territorial susceptible de
ser subvencionada y su capacidad fiscal propia. Un modelo razonable para cubrir
tal aspiración consistiría en la dotación por parte del nivel territorial mejor
dotado de recursos tributarios de un fondo global de subvenciones generales o
incondicionales que debería ser distribuido entre los demás niveles de la administración
sobre la base de una fórmula que pondere positivamente sus necesidades
de gasto, estimadas a partir de los indicadores que se consideren relevantes,
y negativamente sus capacidades fiscales a la luz de las bases imponibles
susceptibles de ser aprovechadas (en forma de tributos propios, cedidos, participados
o recargados) por ellos.
En todo caso, aún externalizando parte del coste de los servicios públicos,
podría suceder que algunas operaciones de cuantía importante no pudieran ser
abordadas con cargo a instrumentos ordinarios, siendo necesario aplazar en alguna
medida su pago.
38 modelos de gestión y financiación de los servicios públicos locales